El debate sobre el Estatuto ha terminado en el Parlamento como previsiblemente debía terminar. No ha habido margen alguno para la sorpresa. Xavier Vendrell trajo la cuestión de la autodeterminación en el peor momento para su partido. Esquerra Republicana no tiene por ahora ninguna intención de quebrar la estabilidad del gobierno ni de forzar ninguna otra mayoría que no prevea un pacto con el PSC. Las declaraciones de Vendrell fueron inoportunas porque, hechas unos días antes del debate parlamentario, podían dar lugar a un juego que desestabilizase el Ejecutivo. Así ha sido. Finalmente, Convergència i Unió no ha podido asumir votar la propuesta soberanista de Esquerra que incluía fuertes críticas a los nacionalistas por haber pactado con José Luis Rodríguez Zapatero la aprobación del nuevo Estatuto, y Esquerra Republicana tampoco ha querido apoyar el texto que CiU había presentado por su lado y que incluía la reivindicación del derecho a la autodeterminación.

La lógica partidista más estricta se ha imuesto. Con un amargo precio. La opinión pública ha tenido la impresión de que los dos partidos más sensibles al hecho nacional catalán han jugado a conveniencia con conceptos transcendentes. Además los efectos derivados del enfrentamiento de CiU con Esquerra Republicana incluyen, nuevamente, una proyección de debilidad y división hacia el resto del Estado. En este caso las consecuencias han sido aún más graves. Justamente cuando el Tribunal Constitucional debe discutir el recurso que ha presentado el Partido Popular contra el Estatuto, los partidos que más reivindican la soberanía catalana han dejado bien claro que son incapaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones más básicas.

Esquerra Republicana no quería desestabilizar el gobierno que preside José Montilla y Convergència i Unió no quería acuerdo alguno con los independentistas sobre unas bases excesivamente radicales que incomodasen a la parte más mode- rada de su electorado. (...)