Batasuna exigió ayer al Gobierno español y al PSOE invalidar el derecho preferencial de compra por parte de Iberdrola en la anunciada subasta de las instalaciones de lo que pretendió ser la central nuclear de Lemoiz, instó a la puesta en marcha de un debate social sobre el futuro de las mismas y defendió la prevalencia de los intereses de los municipios y la ciudadanía en el contexto de «una política energética pública y progresista».

Marije Fullaondo, Goio Acero y Mikel Etxaburu lamentaron en Bilbo que Iberdrola plantee ejercer su derecho preferente de utilización en la eventual subasta del emplazamiento, que se destinaría a una central de ciclo combinado, transcurridos 25 años del cierre de la central de Lemoiz, «un símbolo de una imposición fallida, un icono de la memoria y la lucha popular».

«Parece que algunos se olvidan de esto -valora Batasuna-, y pretenden explotar viejas recetas de imposición, apostando por el negocio para unos pocos. Parece que quieren repetir el esquema de Boroa, ocultando información, hurtando la participación y defendiendo los intereses de unos pocos, los que más tienen». Advirtieron, asimismo, de los efectos «nocivos» para la salud que una central de ciclo combinado podría causar.

Negocio «puro y duro»

De la misma manera, censuraron los representantes de Batasuna que el proyecto de ciclo combinado constituye una apuesta para hacer «negocio puro y duro», ya que Iberdrola no pretende, según indicaron, cubrir las necesidades de los ciudadanos vascos, sino producir «cuanto más mejor para exportar y sacar mayor beneficio».

Batasuna entiende que en este caso, la intención de Iberdrola «se enmarca dentro de la vergonzosa apuesta del tripartito por privatizar el sector energético, muy lejos de un modelo energético público y universal. Iberdrola aprovecha el empuje institucional -añade Batasuna- para sus propios intereses privados», y el Gobierno de Lakua tiene «una responsabilidad directa en la gestión retrógrada» en política energética que «abre las puertas de par en par a las intenciones especulativas» de la compañía eléctrica.

En este contexto, anunció esta formación política que se opondrá a «entrar en este juego» y hará todo lo posible para «denunciar y hacer frente en la práctica a cualquier proyecto que suponga una imposición, no tenga en cuenta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, y profundice en la privatización del sector energético».