La Universidad Pública de Nafarroa está inmersa en plena campaña electoral, ya que el próximo día 24 todos los miembros de la comunidad elegirán a un nuevo rector. Los candidatos son tres: Juan Manuel Cabasés, Julio Pedro Lafuente y Antonio Purroy. Ese ambiente se deja notar en el día a día, y «en ese contexto electoral» situaron ayer los promotores el «acuerdo por otra universidad».

Este ha sido firmado por más de una veintena de alumnos, profesores y trabajadores «de distintas sensibilidades», que se denominan a si mismos «el sector crítico» de la UPNA.

Desde el principio han dejado claro que no apuestan por ninguna de las candidaturas; el acuerdo supone, explicaron, «una lectura común sobre la situación de la UPNA», y a la vista de que ninguno de los candidatos incluye esas pautas en su programa, lo que les solicitan es que las tengan en consideración. Ayer mismo remitieron el escrito a los candidatos a rector, y esperan poder reunirse con cada uno de ellos a lo largo de esta semana y la siguiente.

Euskara, Bolonia, privatización

La lectura realizada por «el sector crítico» refleja varios aspectos a mejorar en los dos campus de la UPNA. En primer lugar, hacen referencia al euskara, señalando al respecto que la universidad, con veinte años de trayectoria, «ha sido incapaz de cumplir con los derechos lingüísticos» de los vascoparlantes.

También apuntan a las «alteraciones estructurales» que supondrá el «proceso de Bolonia» sobre el que, además de que apenas se tiene información, no ha habido un debate previo.

La situación «no democrática» también ocupa un lugar destacado en el acuerdo, ya que, señalan, la representación de la comunidad en los órganos de la UPNA se organiza «por sectores mediante voto ponderado», por lo que «tiene mayor poder de decisión el sector cuantitativamente más pequeño».

La carestía de la UPNA también fue criticada, ya que la situaron como «la segunda más cara del Estado español», por lo que muchos jóvenes «ven condicionado su acceso a la misma por razones económicas».

Finalmente, criticaron también la «privatización» de muchos servicios de la UPNA, con el consiguiente «incremento de coste», «disminución de la calidad» y «mayor precariedad para los trabajadores».