Varios de los procesados dentro del macrosumario 18/98, que se encuentran a la espera de la sentencia que dicte la Audiencia Nacional, una importante espada de Damocles en forma de elevadas peticiones de condena, se concentraron ayer en Bilbo e Iruñea frente a las sedes del PSE y PSE, respectivamente.

En la capital vizcaina se dieron cita una docena de encausados, entre los que se encontraban Mikel Korta, Miriam Campos, Iñaki O'Shea, Oiakue Aizpiri, Txente Askasibar, Ana Lizarralde, Jexux Mari Zalakain, Ruben Nieto, Iker Casanova, Marta Perez, Isidro Murga y Patxo Murga. Lo hicieron ataviados con las ya clásicas camisetas azules, bajo el lema «18/98+ eskubide zibil eta politikoen alde», que dan color a la denuncia de su situación, y tras una pancarta que rezaba «Eskubide zibil eta politikoak euskal herritar guztiontzat».

Respeto a los derechos

La de ayer no ha sido, de todos modos, la primera ocasión en la que los procesados en el sumario 18/98 se reúnen frente a las delegaciones del PSOE, tanto en la CAV como en Nafarroa, ya que en el mes de junio del año pasado también lo hicieron.

Entonces aún quedaban más de 8 meses para la finalización del juicio, que se ha prolongado hasta mediados de marzo de este año. En la jornada de ayer, los procesados en boca de sus portavoces, Teresa Toda¯que estuvo presente en la concentración de Iruñea¯ y Mikel Korta, volvieron a hacer una firme defensa de los derechos civiles y políticos, además de realizar un emplazamiento directo al Gobierno español.

Así las cosas, en la capital vizcaina, uno de los portavoces de los procesados, Mikel Korta, aseguró que «al igual que el año pasado, nos concentramos frente a la sede del PSN en Iruñea y ante la del PSE en Bilbo, en aquella ocasión entregamos una carta al PSOE donde le planteábamos que los derechos individuales y colectivos y los derechos civiles y políticos están por encima de las coyunturas políticas».

A este respecto, consideraron que estos derechos «deben de ser respetados para todas las personas y los pueblos, y que no han de ser administrados o negados según la ideología de las personas».

Los encausados en este sumario abierto contra organismos sociales, empresas y medios de comunicación de Euskal Herria, recordaron que en junio 2006 «para nosotros era totalmente incompatible la puesta en marcha de un proceso democrático de resolución con el conflicto político, cuando en aquel momento se estaban negando los pilares mínimos de la democracia como la libertad de expresión, la libertad de organización, libertad de manifestación o la libertad de prensa».

Así las cosas, Korta aseguró que «en aquel momento uno de los pasos que podía dar el PSOE era acabar con esta dinámica de macrosumarios y de represión».

A pesar de ello, tal y como recordó el portavoz de los procesados en este macroproceso, señaló que la línea adoptada por el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero ha sido «clara», en referencia a casos como el del «encarcelamiento de los jóvenes independentistas y, en nuestro caso, con el Gobierno español hablando en boca de la Fiscalía, que ha solicitado las peticiones de condena más altas posibles».

Debido a todas estas situaciones, Korta, subrayó ante los medios que los procesados son plenamente conscientes de que su situación «es consecuencia directa del enfrentamiento de nuestro país con el Estado español, un conflicto en el cual un pueblo está reclamando su derecho a ser libre y al cual se le responde con represión».

«No aceptaremos un chantaje»

Los encausados, que continúan a la espera de la sentencia, consideraron que la decisión judicial «que un tribunal español nos pueda imponer irá totalmente ligada a la decisión del Gobierno español de apostar por el dialogo o la represión».

Aún así, no fue la del Gobierno español la única tecla que consideraron clave de cara a la sentencia ya que los portavoces de los ciudadanos vascos procesados en el macrosumario 18/98, afirmaron que dicha resolución de la Audiencia Nacional española «también ira directamente ligada a la presión popular que pueda ejercer la sociedad vasca para que esta salvajada que estamos sufriendo nosotros, los jóvenes y los que están en puertas cesen definitivamente».

Por todo ello, los procesados quisieron «ratificar» frente a las sedes del PSE y PSN su «total compromiso y apuesta respecto a la solución dialogada y democrática» al conflicto político que se vive actualmente en Euskal Herria. Algo a lo que Mikel Korta agregó que los procesados dentro del sumario 18/98 querían dejar «muy claro» que no van a aceptar «ningún tipo de chantaje respecto a nuestras personas o de nuestra situación respecto a una negociación».

Así las cosas, los portavoces de los procesados reafirmaron su voluntad de «seguir luchando en la cárcel, en la calle o en el lugar que estemos».

Siguiendo la misma línea argumental Korta subrayó que «entendemos que el conflicto que enfrenta a nuestro pueblo con el Estado español es puramente de democracia, un contencioso que se alarga y mantiene por la negación de ésta al pueblo vasco». Hecho por el que los portavoces de los procesados señalaron que «trayendo la democracia a Euskal Herria se solucionaría el conflicto y se perpetraría el respeto a los derechos individuales y colectivos en toda Euskal Herria.

16 meses de juicio

El mensaje que trasladaron ayer los encausados en este proceso judicial contra la izquierda independentista vasca es el mismo que han dado a conocer a la sociedad de Euskal Herria, tanto en los más de 16 meses que ha durado la vista oral del juicio, como en los 9 años que han transcurrido desde que el juez instructor Baltasar Garzón diera el pistoletazo de salida a este atropello contra los derechos fundamentales.

En todo este tiempo, las casi sesenta personas que se han sentado semana tras semana en el banquillo de la Audiencia Nacional han recordado que su situación no es sino el reflejo de lo que durante años han sufrido y siguen sufriendo miles de ciudadanas y ciudadanos vascos.

A este respecto, tanto los procesados, como el grupo de trabajo 18/98+, que agrupa a decenas de personas de todos los ámbitos sociales de este país, han denunciado la vulneración de los derechos civiles y políticos que se producen con la Audiencia Nacional como principal mecanismo, y han reclamado una y otra vez la desaparición del tribunal especial español.

En esta reclamación han contado en todo este tiempo con el apoyo, no sólo de miles de personas, sino también de instituciones, sindicatos y grupos políticos de Euskal Herria.