Tras la grandilocuente e inútil Declaración de Berlín, festejando el cincuenta aniversario del proceso de integración europea, la canciller federal Angela Merkel se ha vuelto inevitablemente pragmática. Por encargo del resto de socios en el Consejo Europeo que cerró el año 2006 y por necesidad y compromiso propios, Merkel debe presentar un esquema de nuevo tratado antes de que concluya el semestre de presidencia alemana del Consejo de Ministros de la Unión, a finales de junio. Ese boceto debería bastar para convocar o lanzar una nueva conferencia intergubernamental (CIG) antes de fin de año, conferencia en la que los 27 gobiernos de la Unión Europea deberían elaborar un nuevo tratado.

El lector avispado se habrá dado cuenta de que nadie habla ya de convocar una convención, al estilo de la que dibujó el Tratado Constitucional defenestrado por franceses y holandeses. A estas alturas del drama, los estados miembros no están para aparentar falsas transparencias y espíritu ciudadano. De hecho, ni tan siquiera fueron capaces de elaborar sin secretismos el vano y vago documento festivo de Berlín.

A estas alturas del partido, también el término «Constitución» comienza a desaparecer del escenario comunitario, «víctima» de ese pragmatismo al que aludíamos al inicio. Ha sido Tony Blair quien más claro lo ha dicho: lo que la Unión necesita no es una Constitución, sino una simple reforma de los tratados, lo cual -agregó el primer ministro británico- no necesitaría ser ratificado mediante referéndum en Gran Bretaña.

Ahí está la clave, una de ellas al menos. La alternativa, dicen en Londres y aledaños, es el aislamiento, porque el Tratado Constitucional europeo (lo que todos llamaban la Constitución) debía ser aprobado por consulta popular también en Gran Bretaña, y su futuro era nulo.

Pero, obviamente, hay otra alternativa: que las cooperaciones reforzadas llevadas a su máximo desarrollo configuren otro modelo de Unión o, mejor dicho, otros modelos de uniones. Nadie quiere meterle mano a esta cuestión, pero es posible que la conferencia intergubernamental que debe ser convocada en breve para redactar otra reforma de los tratados sea la última oportunidad para prorrogar la existencia de la actual Unión.

Doce cuestiones cruciales

En la misiva enviada por Merkel para que sea debatida de aquí al 4 de mayo por los negociadores de los Veintisiete, se ponen sobre la mesa hasta doce cuestiones cruciales que reflejan en cierto modo las principales «preocupaciones» de los socios (es decir, las líneas rojas de sus intereses «nacionales»).

Las principales cuestiones que deben ser debatidas y consensuadas son las siguientes:

- el regreso al método clásico de reforma de los tratados.

- el uso de una terminología diferente para el título del tratado y sus actos, asi como para el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión.

- abordar (suprimir, piden algunos) los artículos referidos a los símbolos de la Unión o a la primacía de la ley comunitaria.

- suprimir el texto completo de la Carta de Derechos Fundamentales y sustituirlo por una corta referencia que tenga igual validez legal.

- fijar los elementos «indispensables» para cerrar un compromiso.

- no reabrir el balance institucional fijado por el Tratado Constitucional.

- incluir criterios claros para futuras ampliaciones de la Unión Europea.

Muchas de estas cuestiones claves llegan por sugerencia de los gobiernos británico y holandés, que quieren evitar que el futuro texto comunitario tenga la forma, características y títulos de una Constitución.

Angela Merkel y su Gobierno están convencidos de que una corta conferencia intergubernamental debe bastar para cerrar las heridas abiertas tanto en la negociación de la Constitución como en el convulso proceso de ratificación. Berlín cree, además, que esa CIG debería tener un mandato limitado, para evitar una renegociación total.

Según el calendario previsto (o propuesto) por Merkel, la conferencia intergubernamental podría desarrollarse, y concluir, en la segunda mitad de este mismo año, 2007, con lo que podría ser ratificado a lo largo de 2008 por los Veintisiete, para entrar en vigor antes de las elecciones europeas de 2009.

Es un calendario tan ambicioso como apretado; en cualquier caso, será muy difícil que pueda ser respetado y que concluya con éxito en esos plazos.

Aunque esta próxima conferencia intergubernamental cuenta con un poderoso aliado: la necesidad (para muchos, para los más grandes sobre todo) de que entre en vigor el reparto del poder y el nuevo sistema de toma de decisiones pactado en el Tratado Constitucional (eso que, eufemísticamente, denominan balance institucional).

Los Veintisiete intentarán presentar la nueva reforma de los tratados como algo meramente técnico ante la ciudadanía, con lo que algunos evitarán la convocatoria de consultas populares de refrendo, lo que quizás garantice su completa ratificación y, por lo tanto, la consecuente entrada en vigor. Pero eso servirá para ocultar, además, que será un tratado diseñado de nuevo a espaldas de los ciudadanos europeos, porque no habrán podido participar en su elaboración y porque se buscará que sea aprobado sin su voto.

Aunque muchos sostengan que la actual parálisis de la Unión Europea es un mito (es decir, que en realidad funciona como siempre), lo que sí es incuestionable es que camina a espaldas de la ciudadanía, y seguramente la próxima conferencia intergubernamental volverá a demostrarlo.