Apesar de lo que digan Adegi y el resto de las organizaciones empresariales, el nivel de siniestralidad laboral existente en nuestro ámbito es enorme. Puede subir un mes, bajar otros tres seguidos, repuntar durante otros dos de forma escandalosa... pero, y dejando de lado los caprichos de la estadística, nadie puede negar que los accidentes y la gravedad de sus consecuencias rebasan con mucho los niveles de riesgo laboral que se dan en el entorno europeo. Eso sí, cuantos más esfuerzos se dediquen a autojustificaciones, a maquillar la situación con estadísticas parciales y a combatir las demandas sindicales para, entre otras cosas, introducir la lucha contra la siniestralidad en las negociaciones colectivas, menos esfuerzos se estarán invirtiendo en poner medidas que sean realmente eficaces para garantizar la salud y la integridad de los trabajadores en los puestos de trabajo.

Las administraciones públicas tienen en este ámbito una importante responsabilidad, legislando y vigilando el cumplimiento de esa legalidad. Pero no acaban de asumirla, tal vez porque, hoy por hoy -poderoso caballero es don dinero-, les resulta bastante más incómodo enfrentarse a la clase empresarial que al conjunto de la clase trabajadora. Los números cantan: un inspector por cada 15.000 trabajadores, frente a los 5.000/7.000 trabajadores por inspector en otros países europeos; el pasado año Osalan sólo realizó once propuestas de sanción en la construcción, aunque en el 30% de las obras visitadas detectaron infracciones graves... (según datos aportados por ELA). Tal vez por hechos de este tipo, no puede extrañar que los resultados se repitan con pequeñas variaciones y que, según el recuento realizado por LAB, en lo que llevamos de año hayan muerto en Euskal Herria ya 43 personas en el desempeño de sus funciones laborales.

Las campañas institucionales se dirigen habitualmente a la concienciación de las y los trabajadores, para que exijan y utilicen cuando los haya, todos los medios necesarios para prevenir los «accidentes» laborales. Pero, como decía un torero, «más cornás da el hambre», y si las administraciones no exigen (y castigan en caso contrario) a las empresas que adopten y garanticen el uso de las medidas de seguridad, mal podrá obligarles a ello un trabajador sin contrato estable, sin formación y en muchos casos sin papeles.