Como dice el canto, eso de prohibir, ilegalizar y reprimir es de su naturaleza. Ayer los medios de la derecha más rancia se rasgaban las vestiduras ante la posibilidad de que las vascas (y vascos) abertzales y de izquierdas puedan votar. Lo que mola es que sólo voten ellos y los suyos.

En «El Correo Español» y «El Diario Vasco» publicaban un editorial casi sarcástico: «Hiriente descaro». No se refería al suyo, sino al de las víctimas de las ilegalizaciones en masa. Lean: «El hecho de que Batasuna haya movilizado a unas 83.000 personas que han aportado su firma a la constitución de las agrupaciones de electores, jactándose de que esas listas son suyas, y la posibilidad de que la izquierda abertzale concurra también empotrada en las candidaturas de ANV refleja hasta qué punto la formación de Otegi no persigue tanto conseguir concejales y alcaldes, junteros o parlamentarios navarros, como aprovecharse de los resquicios que le ofrezca el sistema democrático para provocar nuevas tensiones en él».

Les duele tanto la tripa ante la posibilidad de ver a la izquierda abertzale en el lugar en que le quieran poner los ciudadanos que no se recatan: «Aunque desde un punto de vista jurídico y procedimental no existe ni una previsión legal precisa ni precedente alguno, parece claro que la Fiscalía General no podría menos que impugnar aquellas candidaturas de ANV que parezcan contaminadas. Entre otras cosas porque, de consumarse el fraude, representaría una descorazonadora burla para una sociedad hastiada del hiriente descaro con el que la izquierda abertzale se conduce». Ya no les basta ni su propia legalidad.

Y en «El Mundo» también la emprenden con ANV, se sacan de la manga no sé qué papeles de Mikel Antza, detenido hace varios años, y a partir de ahí construyen su fábula y conminan a ilegalizar a todo quisque: «Los plazos que marca la normativa impiden ilegalizar a ANV antes de las votaciones de mayo, pero sí permiten impugnar las listas. Esa tendría que ser la primera actuación como paso previo a la posterior ilegalización. (...) La Fiscalía General y la Abogacía del Estado tienen que hacer valer la Ley de Partidos, si no, mejor sería derogarla, porque se demostraría inútil». Eso, eso: que la deroguen de una santa vez.