Las precarias condiciones de vida y el afán de superación personal han hecho de los habitantes de Colombia un pueblo en constante éxodo tanto interno como externo.

Las guerras civiles durante el siglo XIX generaron éxodos de poblaciones que se agrupaban en poblados donde les unía la identidad política; muchas familias partieron hacia las selvas. Durante el siglo XX las tres guerras presionaron a enormes masas de población a cambiarse de región. En las dos últimas décadas los grupos paramilitares expulsaron con métodos violentos a cerca de tres millones y medio de personas; huyeron dejándolo todo: casas, cultivos, animales, organizaciones, proyectos... para salvar lo único que les quedaba, la vida.

El desplazamiento forzado en los últimos años lo originan empresarios unidos por la ambición de acaparar tierras que tienen perspectivas de valorización por el desarrollo de proyectos viales, mineros, urbanísticos. Muy grave es el desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombianos provocado por los empre- sarios de la palma africana que literalmente masacran a poblaciones enteras para abrir espacio a su promisorio agronegocio en las selvas húmedas tropicales del corredor biológico del Pacífico, las fértiles sabanas de Bolívar y ahora también en los suelos frágiles, ricos en biodiversidad de los Llanos Orientales.

A punta de bala y terror unos cinco millones de hectáreas de tierra, el equivalente territorial a dos veces y media Euskal Herria, pasaron a manos de estos «agentes del progreso» con un proyecto político de extrema derecha, y expulsaron a unos tres millones y medio de personas.

Estas personas esperan, exigen, del Estado la restitución de sus tierras y demás bienes usurpados con violencia, luchan para que el proyecto de Ley de Estatuto Rural, iniciativa del Gobierno de Alvaro Uribe, no legalice el despojo, lo que está a punto de ocurrir porque la mayoría del Congreso bicameral colombiano está en manos de los agentes políticos de los paramilitares y sus jefes, los narco-latifundistas y multinacionales.

Al desplazamiento forzado interno se suma otro menos visible, pero también dramático: la de quienes deciden o se ven obligados a salir del país. De 1985 a 2005 se pasó de un millón y medio de personas que residían en el extranjero a tres millones y medio, de las cuales el 70% son mujeres. Lo dramático es también que se feminizó el desplazamiento forzado y el éxodo, se femenizó la victimización de la violencia y la pobreza.

A Colombia entraron en remesas durante 2006 la importante cifra de 400 millones de dólares que vienen a resolver los problemas de ingresos de sus familias que las recuerdan tanto como agradecen esos pesos que complementan el miserable salario mínimo legal aprobado por el Congreso opulento y que no llega a 150 euros mensuales.

La gente colombiana se va sobre todo a Ecuador. El segundo destino es Venezuela, cuya revolución bolivariana llena de esperanzas a los desposeídos y desposeídas de la hermana Colombia; en tercer lugar marchan a Panamá, y sólo en cuarto lugar al Estado español, donde es improbable que aprueben un visado a quien no tiene más que la angustia de sobrevivir como argumento para pedir la visa. Le siguen México, EEUU, Chile, Brasil, Costa Rica y -¡vaya sorpresa!- Bolivia.

Más que café y petróleo Colombia exporta mano de obra barata; mejor dicho, mujeres altamente cualificadas que se colocan como empleadas domésticas, cuidadoras, sirvientas en hostelería o en la prostitución. En sus maletas viajan esperanzas, en su corazón se lloran afectos y desarraigos. Huyen de la miseria, de la guerra sucia contra las mujeres, buscan futuro y tal vez se encuentren, si van a Europa o a EEUU, con el racismo, la indolencia de los funcionarios, la persecución policial, el doble discurso de los gobiernos que también alabarán en pocos días a las mujeres trabajadoras.