En opinión de diversos juristas consultados por este y otros medios resulta más que cuestionable que, de acuerdo a la legislación vigente, se puedan impugnar candidaturas de un partido legal por considerar que vienen a sustituir de forma fraudulenta a un partido anteriormente ilegalizado. Los juristas que contravienen estas opiniones, no lo hacen tanto porque consideren que el anuncio que está haciendo la Fiscalía de que va a impugnar algunas listas de ANV sea acorde a la textualidad de las leyes, sino a su experiencia de que el Derecho nunca ha sido obstáculo para el Estado cuando ha querido actuar contra la izquierda independentista. Es decir, en vísperas de unas nuevas elecciones, nos encontramos a la espera de ver cuánto están dispuestos el Gobierno español, la Fiscalía y el Tribunal Supremo a retorcer su propia legalidad de excepción para seguir impidiendo que en Euskal Herria cada ciudadano y ciudadana pueda votar a la opción que libremente elija. La ilegalización de Batasuna fue una primera vuelta de tuerca al Derecho, sobre la que todavía está por pronunciarse el Tribunal de Estrasburgo sin que el Estado español haya mostrado ningún interés en agilizar los trámites de resolución. Luego fue la actuación contra las agrupaciones electorales. El siguiente paso ha sido la no inscripción de ASB. ¿Hasta dónde llegarán ahora?