En el año europeo de la «igualdad» las asociaciones de mujeres coincidimos en marcar que la precariedad laboral tiene cara de mujer; y esa cara es la de mujer inmigrante. La inmigración femenina es la característica principal del Siglo XXI, y las condiciones de trabajo de estas mujeres, el lado oscuro de las sociedades de bienestar. ¿Dónde están estas mujeres? La respuesta es muy simple, el 80% de las inmigrantes trabajan en servicio doméstico, hostelería y prostitución.

Queremos reflexionar sobre las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, que ponen en relieve no sólo la desvalorización social del trabajo doméstico, sino relaciones de poder que se traducen en situaciones de discriminación, explotación y abuso, que no se pueden solucionar en el ámbito de la justicia ordinaria; no tienen condena social y dificultan el proceso de integración de estas trabajadoras en la sociedad de residencia. Las trabajadoras domésticas inmigrantes tienen condiciones laborales diferentes a las de las autóctonas, discriminación que se sustenta por razón de clase y etnia: extranjera; estar irregular y carecer de recursos. Este conjunto de circunstancias personales coloca a estas mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

En los últimos meses diferentes organizaciones de Euskal Herria coincidieron en señalar que las empleadas domésticas internas e inmigrantes sufren las peores condiciones laborales del sector y en sus estadísticas marca- ban que: el 53% de las inmigrantes con permiso de trabajo empleadas en el servicio doméstico en Euskadi han sufrido acoso sexual en algún momento de su relación laboral; el 79% trabaja más de diez horas diarias y un 21% entre ocho y diez horas. El salario medio de las trabajadoras empleadas en el servicio doméstico se sitúa en 780 y en muchos casos se descuenta parte del sueldo en concepto de comida y alojamiento. Al 41% de estas trabajadoras no ses le paga ni disfruta de un periodo de vacaciones; el 64% no dispone de periodos de descanso entre jornada y jornada, y una de cada cinco no lo hace ni un sólo día.

En la sociedad de los «planes de igualdad»; de la «conciliación de la vida laboral y familiar», se ha impuesto una nueva distribución del trabajo, donde se mantiene la discriminación por género. Las tareas que el sistema patriarcal y capitalista impone a las mujeres en su rol de cuidadora de la familia, hoy se traslada a la trabajadora doméstica. La empleadora gana espacios en ámbito público, relegando en la trabajadora doméstica inmigrante el cuidado del hogar y la familia, de esta forma el sistema no se cuestiona, sólo cambia la mujer sobre la que recaen las tareas de menor prestigio social.

Desde el feminismo, las asociaciones de mujeres creemos que no se puede ignorar esta realidad por más tiempo, que es necesario que en el camino por un mundo más justo construido en igualdad nadie quede relegada, e insistimos en que es responsabilidad del Estado invertir en servi- cios públicos que resuelvan los problemas de la atención familiar, el cuidado de enfermos y discapacitados y controlar que no se produzcan condiciones laborales, de «neo-esclavitud», al amparo de las relaciones privadas y leyes que degradan a las trabajadoras domésticas promoviendo una discriminación laboral legalizada.