A escasas dos semanas de que dé comienzo la campaña electoral precia a los comicios del próximo 27 de mayo, son numerosos los partidos, pero también colectivos, asociaciones e incluso personas individuales los que se han puesto a realizar una valoración de lo acontecido y no acontecido en los últimos cuatro años.

Ese es el caso, entre otros, de Iruñerriko Gazte Asanblada, la cual, tras repasar dicho periodo no ha visto sino «un recorte de libertades sin precedente», según denunciaron en una rueda de prensa ofrecida ayer. Por eso, en breve va a iniciar su propia «campaña» que tendrá el objetivo de mostrar su «disconformidad con la actuación, sea pasada, presente o futura» de la «derecha navarra».

Sin embargo, conocedores de que esa impresión y perspectiva es compartida por muchos «colectivos, asociaciones, y grupos sociales» de Iruñerria, antes de dar inicio a su campaña de protesta, desde la IGA han querido reunir en torno a ésta a la mayor cantidad de agentes e individualidades posible. Por ello, en la comparecencia de ayer hicieron público un manifiesto, una valoración «bastante general» en sus palabras, para buscar la adhesión de distintos agentes.

Y es que, en palabras de miembros de la IGA, «de una manera u otra todos los ciudadanos hemos sufrido alguno de los ataques de la derecha, y pensamos que ahora más que nunca debemos mostrar nuestra unidad y denunciar todo lo que han hecho». «UPN sólo responde ante sus propios votantes, convirtiéndonos a todos en víctimas de sus autoritarias decisiones», añadieron los miembros de la asociación juvenil.

Ese primer texto ya ha recibido la aprobación y adhesión de varios organismos como Ikasle Abertzaleak o AHTren Aurkako Asanblada, pero desde la IGA confían en recabar un mayor apoyo.

«Sin precedente»

El texto redactado como base para buscar la adhesión de diferentes organismos concluye que la «penosa» política llevada a cabo por UPN ha supuesto, en las dos últimas legislaturas, «un recorte de libertades sin precedente».

Así, los jóvenes recordaron los más de 200 juicios a los que han sido llevados y que han concluído con penas de cárcel para 11 de sus miembros, los 21 desalojos que han sufrido o los dos años y medio de cárcel que le han sido impuestos a Xabier Errea.

Sin embargo, añaden que el intento de «aniquilar cualquier indicio de organización popular» no acaba ahí, y citan casos como el de la «eliminación de las barracas políticas», la «persecución» a las comisiones de fiestas de los barrios y los olentzeros, los recortes presupuestarios a AEK e IKA, la demolición del Euskal Jai, las actuaciones contra el solar de Galle en Arrosadia y el parque Irubide en la Txantrea, etcétera. Tampoco se olvidaron de «detalles» como el Corte Inglés o Gendulain.