La Abogacía y la Fiscalía del Estado solicitarán hoy al Tribunal Supremo español que proceda a anular las agrupaciones de electores a las que dieron su apoyo un total de 83.501 vascos y vascas estampando su firma en juzgados y ayuntamientos. A la espera de conocer en detalle los fundamentos de la decisión de ambas instancias ligadas al Gobierno español, algunos contenidos de sus informes respectivos, adelantados ayer, despiertan una vez más la sensación de que nos encontramos ante un proceso de borrado general de derechos. Nadie comprende y menos acepta que, a falta de un diagnóstico certero, un médico recete toda una batería de medicamentos e intervenciones quirúrgicas sin importarle los efectos secundarios en el paciente. De igual modo es inaceptable que dos instancias legales soliciten la anulación de más de 200 candidaturas en base a argumentaciones genéricas, máxime cuando de esa actuación se deriva el daño irreparable de la pérdida efectiva de derechos para miles de ciudadanos que no han sido imposibilitados por tribunal alguno para el ejercicio de los mismos.

Aunque no existe ninguna sentencia que afirme que las más de 170.000 personas que votan -cuando les dejan con papeleta válida, bastantes más- a la izquierda abertzale no puedan promover agrupaciones de electores para acudir a las urnas, de facto se anula el derecho de ese cuerpo social y político a postular listas. Al tiempo, y aunque tampoco existe sentencia alguna que impida volver a postularse a personas que figuraron como candidatas en anteriores comicios en listas a la postre ilegalizadas, se les anula, a modo de «pecado original», primero a ellos y por extensión al resto de compañeros de candidatura, el derecho de sufragio pasivo.

A falta de acusaciones individualizadas -como exige la ley- se emplean conceptos vagos y de clara inspiración política -«estrategia del complejo Batasuna»- para borrar de un plumazo a centenares de candidaturas ciudadanas. Al espiar y luego amordazar a miles de personas se opta por multiplicar los efectos de la política de ilegalización, o lo que es lo mismo, se apuesta firmemente por imponer escollos cada día más insalvables al proceso de paz y normalización.