Hoy, Día Internacional de la Libertad de Prensa, leeremos y oiremos atrocidades contra este derecho. Menos común serán las alusiones a atropellos aquí mismo. Y se dan. Si grave es quitar a una persona de enmedio por su labor comunicativa, grave también es la violación sistemática, cotidiana, diaria, permanente, de un derecho universal.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Y aquí, hoy, no todo el mundo puede recibir informaciones y opiniones. No todo el mundo puede difundirlas por cualquier medio de expresión. No pueden, por ejemplo, las radios comunitarias, libres, asociativas. Se conculcan, también así, los derechos de recepción de miles de oyentes que no pueden elegir.

Hoy, aquí, el derecho de emisión es sólo para el Estado y el Mercado. La sociedad civil, el «Tercer Sector de la Comunicación», queda fuera de juego.

Y, hoy, los medios de comunicación de los otros sectores, olvidarán esto. Y olvidarán que, cuando UNESCO fijó el Día Mundial de la Libertad de Prensa, eligió el 3 de mayo evocando la Declaración de Windhoek, Namibia, para el «Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista». Y que, en su resolución de 1991 se indicaba que una prensa libre, pluralista e independiente era ingrediente esencial de una sociedad democrática.

Algo cruje cuando sólo pueden emitir el Estado y el Mercado, que ni son libres, ni son independientes y, en muchos casos, tampoco pluralistas, mientras dejan fuera al tercer sector, con radios como Tas Tas y otras, que sí son libres, pluralistas e independientes. Si como dice la resolución de 1991, los medios libres, pluralistas e independientes son pieza esencial de toda sociedad democrática, habrá que concluir que la nuestra no es una sociedad plenamente democrática. ¿O no?

Invocando la limitación del espacio radioeléctrico, un hecho objetivo, el Estado se apropia de un bien común y público, para su uso. Y privatiza lo que le sobra. Cede al negocio un bien social. Las radios libres, asociativas, comunitarias, las radios como Tas Tas, también se apropiarían de un espacio público. Pero sólo para devolvérselo a la propia sociedad. No hay ánimo de lucro. No hay negocio. Y tampoco acceso.

Más de 25 años llevan las radios del tercer sector reclamando sus derechos. Más de 25 años lleva la Administración negándoselos. 25 años de incumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno Vasco. 25 años de discriminación, caos y negocio en el dial. 25 años ejerciendo nuestra labor en inferioridad de condiciones y a merced de las radios ilegales e ilegítimas que nos agreden con potencias superiores, mientras estamos en un contexto de indefensión absoluta.

Cierto que el dial es limitado. Cierto también que la obligación de la Administración es garantizar la máxima pluralidad y el mayor acceso posible. Y que debe corregir situaciones de discriminación y marginación.

No vale, porque es hacer trampa, echar balones fuera y acusar a la administración central de no legislar sobre el Tercer Sector de la Comunicación. El Gobierno Vasco tiene herramientas suficientes para corregir esta discriminación. Sólo necesita voluntad política. Y eso está en sus manos.

Ahora tiene oportunidad, si quiere, para no rezagarse en reconocer algo que, ya lo saben, antes o después llegará. En la mayoría de los paises europeos, en América, en Africa, en Asia..., las radios del tercer sector, están logrando su reconocimiento. Tan solo gobiernos de dudosa legitimidad democrática o directamente dictatoriales, se resisten a ello. Tan solo esos gobiernos y, hasta la fecha, también el nuestro.

Corrijan este escenario. Adelántense al resto de comunidades autónomas y a la Administración del Estado que, en su Borrador de Anteproyecto de Ley General Audiovisual, ya reconoce a las radios comunitarias. Ahora tienen en sus manos un nuevo Plan Técnico que les permite distribuir 34 nuevas frecuencias en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. ¿Serán todas, otra vez, para proyectos de negocio sobre un recurso público? ¿O se reparará la situación reconociendo el derecho del tercer sector de la comunicación?

Nada en la Ley dice que esas frecuencias deban ser sólo para emisoras comerciales. Sólo cita la gestión indirecta. Y ahí también cabemos las radios libres, comunitarias, asociativas. Sólo hay que quererlo. El sector público posee las frecuencias que necesita. El sector del mercado goza ya de 35 frecuencias. Justo sería, para equilibrar, destinar las 34 nuevas frecuencias al sector comunitario. No pedimos tanto. Pero, si quiere, el Gobierno Vasco puede reservar parte de las nuevas frecuencias para el tercer sector. O, al menos, puede convocar el concurso de concesión de forma que nuestras radios tengan opciones reales de acceso a las frecuencias.

De lo contrario, nos encontraremos con la paradoja de que, una futura ley, reconocerá nuestra existencia y derechos y, sin embargo, ya no tendremos lugar en el dial.