El objetivo prioritario de la Ley de Partidos no era en 2002 dejar a una organización armada sin «su brazo político» para asfixiarla, acogotarla y obligarla a rendirse. Lo que la Ley de Partidos buscaba era dejar sin representación política e institucional al núcleo social más activo del independentismo vasco para evitar que en el futuro pudiera intentarse -con mayor éxito para el abertzalismo en general- otra iniciativa conjunta como la de Lizarra-Garazi. Ahora la Ley de Partidos se mantiene con la misma intención aunque con un componente táctico mayor de instrumento de chantaje para conseguir que la izquierda abertzale abdique de sus principios políticos y conjurar así los peligros de un movimiento potente en defensa de los derechos democráticos de Euskal Herria. Y en la medida de que con más de un año de amenazas de impedirle estar legalmente en las urnas el Gobierno español no ha tenido éxito en el intento de enredar a la izquierda abertzale en un proceso «a la baja» y meramente técnico, la maquinaria del Estado vuelve a funcionar como en los tiempos de José María Aznar. Las palabras de ayer de Cándido Conde- Pumpido se asemejan como dos gotas de agua a las que hace cuatro años pronunció Jesús Cardenal. Sólo cambian los perfeccionamientos que cada una de las partes han podido hacer de sus respectivas estrategias y el número de impugnaciones.

En esa especie de «perfeccionamiento de estrategia», el Estado y sus corifeos han incluido una alteración de facto de la propia Ley de Partidos, un endurecimiento de la misma sin pasar por las Cortes Generales. Dijo ayer Conde Pumpido que «Batasuna sabe cuál es la ley y sabe que no tiene más que rechazar la violencia para poderse presentar». ¿En qué punto de la Ley pone eso? ¿Acaso no apostó ASB por el uso exclusivo de las vías democráticas y el mismo fiscal general demandó su no legalización? ¿Acaso no rechaza ANV la violencia en sus estatutos y el mismo fiscal general anunció ayer que va a impugnar más de 80 de sus candidaturas? Lo que el Estado quiere que haga Batasuna para ser legal está bien claro: quiere que deje de ser Batasuna. Y con una ley que es en sí misma una gran trampa siempre buscará la forma de intentar mantenerla en inferioridad de condiciones mientras no acepte pasar por el aro. Ese es el principio de su actuación. Otra cosa es que las filigranas técnicas de cada una de las partes hagan que finalmente ese objetivo tenga un mayor o menor grado de ejecución. Pero ésa es otra historia.