El Juzgado de Instrucción de Agoitz ha acordado la apertura de juicio oral contra diez procesados en el «caso Galipienzo», que no se llevará a cabo hasta después de verano.

La Fiscalía, pese a que el juez instructor ha optado por procesar a diez personas, defendió el sobreseimiento para siete de los acusados. Mientras tanto las acusaciones particulares han mantenido la imputaciones sobre todos ellos, por lo tanto, tras el recurso presentado, será la Audiencia de Iruñea quien determine finalmente quienes de los diez procesados se sentarán en el banquillo.

En su escrito de acusación, el fiscal ha pedido además tan sólo 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial para Ignacio Galipienzo, como presunto autor de un delito de «prevaricación» urbanística por otorgar una licencia de obra para una parcela «a sabiendas» de que estaba destinada exclusivamente para uso escolar. Además, a quien fuera primer edil de Eguesibar por UPN entre 1999 y 2003 la Fiscalía le imputa un delito de «negociación prohibida a funcionarios» por el que pide una multa de 15.000 euros y tres años de inhabilitación.

En su escrito de acusación, el fiscal relata que Galipienzo procedió a localizar a personas que iban a adquirir una parcela de urbanización de Gorraiz, la entidad mercantil Castillo de Gorraiz, propietaria de la parcela situada en la citada urbanización y denominada S.2.2. Todo ello, antes de que la citada parcela fuese adquirida primeramente por un empresario y posteriormente por una mercantil que, a su vez, la vendió a Apartamentos Gorraiz, pese a que en la primera venta que se hizo de la parcela tenía, como expresamente se decía en la escritura, destino de uso escolar exclusivamente.

Según relata el fiscal, esta última operación de venta, la realizó Galipienzo a través de la entidad RMA Urbana que cobró por su papel de mediador 26 millones de pesetas, cantidad de la cual el primer edil se embolsó 23 millones. Según recoge el fiscal, Galipienzo llevó a cabo esta actuación «a sabiendas», por su condición de alcalde, de que no podía vender esa parcela a compradores que pretendían realmente construir un apartahotel u otras viviendas.

Además, el fiscal pide multa de 1.800 euros para José Luis Ruiz Bartolomé, administrador de RMA, y multa de 900 euros e inhabilitación por 10 años a la arquitecta Nuria Alas Brun.