El alboroto creado por la exposición bajo el título `Navarra, un futuro entre todos' no tiene fin, ya que cuatro meses después de finalizarla sigue dando de qué hablar. Ayer fue el turno de IUN, desde cuyas filas aseguraron que fue realizada «al margen de la normativa vigente», argumentando para ello que carecía de aprobación de condiciones técnicas y jurídicas, además de falta de previsión de presupuestos y autorización de gasto.

Esta exposición fue llevada a cabo desde setiembre hasta el fin del pasado año, y tuvo como escenario el palacio de congresos Baluarte. Aunque el objetivo de la iniciativa pretendía homenajear la celebración del 25. aniversario del Amejoramiento, numerosas formaciones criticaron dúramente la exposición, afirmando que no era más que una inicitativa propagandística de UPN.

Prescindir de trámites

A juicio de la coalición IUN, el Ejecutivo navarro «prescindió por completo» de los tramites necesarios marcados en el Decreto foral. Esta formación también criticó que la copia del expediente recibida dos meses después de solicitarla, «se reduce a un acuerdo del Gobierno de Nafarroa por el que en setiembre del 2004 se encomienda a SODENA la planificación de la organización de la exposición».

De todos modos, la coalición considera «todavía más grave si cabe» que el acuerdo gubernamental constituye un grupo de trabajo al que tilda de «anómalo», «no previsto en norma alguna» y al que se encomienda tomar las decisiones, que al entender de IUN, debió tomar el propio Gobierno de Nafarroa. Esta formación aseguró además, que lo hace «totalmente al margen del expediente y del procedimiento administrativo».

IUN fue más allá, y llegó a aseverar que se trata de «una actuación completamente irregular», que se une a la «opacidad y ocultamiento» en la gestión del Gobierno de Nafarroa, ya que el acuerdo, tal y como señalo esta formación, no fue en su día publicitado, como habitualmente se hace con los acuerdos de la sesión del Ejecutivo.

Denunció también que la información solicitada por este partido ha llegado «dos meses más tarde, fuera del plazo reglamentario e incompleta», lo que la coalición atribuye a un intento del Ejecutivo navarro de «ocultar una actuación arbitraria e ilegal».