Como saben los estudiantes de física y matemáticas (y sería bueno que este conoci- miento se extendiera a otros terrenos, muy concretamente al de la política), un problema correctamente planteado está ya medio resuelto; y viceversa: cuando un problema está mal planteado, es muy difícil (por no decir imposible) resolverlo.

El planteamiento oficial del llamado «problema vasco» es de sobra conocido: un «Gobierno democrático» tiene que vérselas con una «banda terrorista»; por lo tanto, para resolver el problema hay que acabar con la «banda terrorista» dentro del estricto cumplimiento de la ley, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho. Hasta aquí casi todos están de acuerdo: el Gobierno, los partidos que lo apoyan, la oposición e incluso una buena parte de la izquierda extraparlamentaria.

Con respecto a la forma de acabar con la «banda terrorista», sin embargo, hay algunas discrepancias. La derecha más desmelenada se opone a cualquier forma de negociación, mientras que el Gobierno y sus socios apuestan por el diálogo. ¿Por qué el PP se opone a la negociación? Porque sabe que, tras el criminal apoyo de Aznar a la invasión de Iraq y las grotescas mentiras sobre el 11-M, su única baza electoral es que el actual Gobierno fracase en el intento de encontrar una solución dialogada al conflicto vasco. ¿Por qué el Gobierno quiere negociar? Porque sabe que su mejor baza electoral es acabar con ETA, y la única forma de acabar con ETA es mediante el diálogo, puesto que una organización clandestina que goza de un considerable apoyo popular es prácticamente indestructible, o puede resurgir de sus cenizas en cualquier momento si no cambian las condiciones objetivas.

Pero el Gobierno tiene que negociar sin pagar ningún «precio político» evidente, o lo que es lo mismo, tiene que pagar ese precio en «dinero negro», como si de un negocio inmobiliario se tratara. Lo cual coloca al Gobierno en una situación muy difícil y lo hace sumamente vulnerable a los ataques de la oposición. Porque si realmente viviéramos en democracia y esto fuera un Estado de Derecho, el PP tendría razón en algunas de las cosas que dice; y el Gobierno no puede contestarle al PP con la debida contundencia porque para hacerlo tendría que reconocer que se puede y se debe pagar un precio político precisamente en la medida en que esto no es una democracia, y por lo tanto pagar ese supuesto precio político no es otra cosa que iniciar un proceso de democratización real (parece un trabalenguas, pero todo se vuelve muy sencillo en cuanto se llama a las cosas por su nombre).

La Ley de Partidos es antidemocrática (amén de una aberración jurídica), la dispersión de los presos políticos es antidemocrática, el régimen FIES en las cárceles (más propio de las mazmorras medievales que de un Estado moderno) es antidemocrático, las torturas sistemáticas e impunes en las cloacas del poder (denunciadas por la mismísima ONU y por más de cuarenta organizaciones de todo el Estado español) son, más que antidemocráticas, decididamente fascistas, además de repugnantes. Y de esas cloacas va a salir, en buena medida, el «dinero negro» con el que el Gobierno ha de pagar el «precio político» a ETA; pero tiene que hacerlo con disimulo, sin reconocer públicamente que las supuestas «concesiones» consisten, simplemente, en cumplir la ley y ceñirse a la Constitución, porque eso equivaldría a reconocer que nuestra supuesta democracia es, en realidad, una sofisticada y ampliamente consensua- da forma de criptofascismo.

Pero el PP no va a permitir que el Gobierno pague las cuentas democráticas pendientes con disimulo: lo demostró claramente en el caso De Juana y sigue demostrándolo todos los días. La postura del Gobierno es, más que ambigua, contradictoria, y la única baza electoral del PP es evidenciar y exacerbar al máximo esas contradicciones.

Así están las cosas. Y mientras todos los partidos parlamentarios y una buena parte de la izquierda extraparlamentaria sigan aceptando el falso planteamiento de que el «problema vasco» consiste en que un Gobierno democrático tiene que hacer frente a una banda terrorista sedienta de sangre, será muy difícil resolver el conflicto. Porque el verdadero título del esperpento que se está representando en nuestro es- cenario político (así como en el internacional), no es «democracia contra terrorismo», sino «criptofascismo contra violencia disidente». Y aunque, por supuesto, hay que exigirle a ETA que no vuelva a matar, lo cierto es que mientras no cese la represión fascistoide seguirá existiendo algún tipo de violencia disidente (bastaría con que no hubiera tortura para que ETA muriese de inanición, puesto que sus filas se alimentan del odio y la desesperación que genera la brutalidad represiva). La única solución verdadera (también a nivel internacional) es acabar con los abusos de poder, con la violencia institucional y con las violaciones sistemáticas (sistémicas) de los derechos humanos; con el terrorismo de Estado, en una palabra.