El Consejo de Gobierno de Lakua aprobó el martes una declaración institucional con motivo de la anulación por parte del Tribunal Supremo español de casi cuatrocientas candidaturas.

En el texto, cuyo contenido leyó ayer el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, el Ejecutivo autonómico expresa su «preocupación» por «decisiones que afectan al propio sistema democrático». Así, en el primero de los nueve puntos que dan forma a la declaración, Lakua subraya que la Ley de Partidos, «no siendo una ley penal», «impone en la práctica penas a ciudadanos individuales», haciendo uso para ello de un «procedimiento sumarísimo». «Sus efectos impiden de hecho ejercer los derechos fundamentales de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas, a los que se cercena el derecho al sufragio activo y pasivo y, en consecuencia, el derecho de participación y de asociación política», valora, para agregar a continuación que «también, como efecto dominó, se resienten la libertad de expresión y la libertad ideológica».

En el segundo de los puntos, se considera que la impugnación de las listas electorales «ha puesto sobre la mesa las nefastas consecuencias de la Ley de Partidos», de forma que «queda en entredicho el pluralismo político, en la medida en que se priva de voz y presencia en las urnas a todo un cuerpo social que está, al parecer, irremisiblemente contaminado».

Otro de los motivos de preocupación para el Gobierno tripartito es que los criterios de ilegalización fijados en la Ley de Partidos «son excesivamente ambiguos y construidos sobre conceptos jurídicos indeterminados», y de este modo «se abre una vía de penalización para aquellas conductas que no eran, ni son, fáciles de probar e individualizar en sede penal en cualquier democracia».

«Instrumento excepcional»

Por ello, considera que la citada ley supone «un instrumeno excepcional con contenido meramente punitivo, que restringe derechos fundamentales y recorta libertades».

Azkarraga, en su intervención ante los medios presentes en Lehendakaritza, señaló también que «la mayoría de la sociedad vasca quedó al margen del consenso legitimador de una ley que, sin embargo, despliega sus efectos sólo en Euskadi. Y lo hace en una materia que afecta a las reglas de juego más básicas de cualquier democracia, lesionando la libertad de pensamiento». En esta misma línea, se refirió a las interpretaciones «radicalmente diferentes» que mantienen el PP y el PSOE con respecto a este tema, señalando que las mismas demuestran «el trasfondo político y el interés partidista en su aplicación».

Para Lakua, «no hay manera de aplicar e interpretar la Ley de Partidos sin analizar en términos políticos la realidad vasca», de modo que denuncia el hecho de que «la opinión de la mayoría de los partidos vascos no es tenida en cuenta».

«Una intervención cercenadora de libertades fundamentales depende de una interpretación política que se gesta fuera del ámbito donde se sufren sus consecuencias», censura la declaración institucional.

En el sexto de sus puntos se alerta de que la Ley de Partidos es «un instrumento que todavía no ha agotado su potencial», ya que «si la declaración de ilegalidad de un partido suponía ya un primer salto», «ahora estamos, con la doctrina de la infiltración y la contaminación, ante un segundo salto a organizaciones no ilegalizadas que, sin saberlo, son `instrumentos del terrorismo'».

Seguridad «pulverizada»

Esto supone para el Ejecutivo que «la seguridad jurídica y la división de poderes han sido materialmente pulverizadas». «Hoy nadie sabe dónde están los límites ciertos y previsibles de la Ley de Partidos», constata.

Tras asegurar que «el Gobierno Vasco mantiene una política de derechos humanos que no admite quiebras de nadie», Azkarraga indicó que las consecuencias de la Ley de Partidos «no son sólo restricciones ilegítimas de libertades fundamentales individuales, sino también la criminalización del diálogo y el envenenamiento del clima político». Por ello, desde Lakua urgen «a que las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento español hagan una profunda reflexión sobre la necesidad de derogar la Ley de Partidos o, al menos, de abordar su reforma radical».

Antes de concluir, la declaración sostiene que «son los ciudadanos y ciudadanas, y no el Estado, el Gobierno o cualquier órgano del Poder Judicial, quienes deben decidir en libertad quién merece su voto».