Los días 6 y 7 de junio, los jefes de Gobierno de las ocho naciones industriales más potentes del mundo, el grupo del G-8, se reunirán en el pueblo alemán de Heiligendamm. Como ya es costumbre, el polifacético movimiento antiglobalizador está preparando su contracumbre. Algunos quieren lanzar el tradicional mensaje: «Otro mundo es posible», otros piensan en hacer caer el orden neoliberal. El Gobierno ha activado su potencial represivo para disminuir las protestas.

Heiligendamm es un pueblo situado en la costa báltica de Alemania y pertenece al estado federal de Mecklenburgo-Antepomerania. A esta región de la ex República Democrática Alemana se van, por lo general, aquellos que quieren escapar de los ruidos de las grandes ciudades, buscando los sonidos de los bosques, de los grandes lagos y los ríos. Incluso existen zonas donde no hay cobertura para la telefonía móvil.

Heiligendamm no formará parte de este idílico paraíso porque la canciller alemana Angela Merkel, presidenta de la Unión Democratacristiana (CDU), ha tenido el detalle de invitar a sus homólogos del G-8 a Mecklenburgo-Antepomerania. La decisión no ha sido ninguna casualidad -ella preside también el comité regional de su partido-. Como anfitriona quiere tener la fiesta en paz, pero el problema está en que los estados del G-8 representan un modelo económico y político que es el mayor responsable de las actuales guerras e injusticias que están azotando a otras sociedades.

Para lograr otro mundo -más social y más justo que el afectado por la política neoliberal que profesa el G-8- se ha formado un amplio movimiento antiglobalizador que va desde el ala izquierda de los sindicatos alemanes pasando por organizaciones como ATTAC hasta grupúsculos que no sólo defienden posiciones extremistas sino también formas de protesta que no compaginan con las «acciones creativas» de otras formaciones.

El máximo responsable de Merkel para la seguridad de su party en Heiligendamm es el ministro federal de Interior, Wolfgang Schäuble.

El pasado miércoles, el hombre duro de la canciller inició una operación represiva contra el movimiento antiglobalizador.

Aquel día, 900 agentes registraron 40 casas y detuvieron a una veintena de personas en 6 de los 16 estados federales. Por supuesto se llevaron «abundante material y documentación», además de ordenadores, impresoras y discos duros. Aparte de eso, las autoridades, dirigidas por la Fiscalía Federal, desactivaron un servidor desde el cual muchos grupos antiglobalizadores organizaban su trabajo. Como pretexto para dicha operación servía la sospecha de que en el entorno antiglobalizador se estaba creando una «asociación terrorista» que pretendía atacar a la cumbre del G-8 con cócteles molotov. Aquel día, la prensa mainstream secundó la operación policial. Muchas noticias que aparecieron en los portales online aún guardaban la presunción de inocencia diciendo que los agentes buscaban pruebas de la existencia de un nuevo grupo violento. Dos párrafos más tarde convertían aquella asociación en algo real.

Pero en la actualidad no existe ninguna organización clandestina alemana que persigue sus fines políticos a través de medios violentos. En 1998, se autodisolvió la Fracción del Ejército Rojo (RAF).

Algún tiempo atrás, se produjeron lanzamientos de artefactos incendiarios contra la Cámara de Comercio de Italia y contra la representación de la Patronal turca en Berlín. Según fuentes oficiales, un desconocido grupo que se llama «militante gruppe» asumió la responsabilidad de tales hechos.

Estos datos los dio a conocer el presidente del servicio secreto de Interior de Baden-Württemberg, Johannes Schmalzl, en una entrevista concedida al diario sensacionalista «Bild». En el mismo medio especuló con que «quién puede descartar de manera segura que los malhechores de hoy no esgrimen también un arma de fuego». Tres días más tarde, tuvo lugar la operación policial contra una determinada parte del movimiento antiglobalizador.

Mientras la Fiscalía justificaba su acción con una vaga sospecha sobre la posible creación de una nueva «asociación terrorista», Schäuble aprovechó la situación para vertir nuevas amenazas: «Las leyes policiales de los estados federales incluyen la detención preventiva». Esta medida, que prevé la detención antes de que se produzca el delito, se materializó como consecuencia de la violencia en los campos de fútbol. Mediante la detención preventiva, los estados federales querían y quieren evitar que hooligans viajen de una ciudad a otra para pelearse con sus homólogos enemigos.

Hasta ahora, las policías preferían hacerles una visita a los sospechosos para advertirles que los tenían controlados. Los más violentos tenían que presentarse en comisaría a determinadas horas. Así se evitaba que viajasen al partido en cuestión. Por el momento, no se ha llegado a aplicar la detención preventiva de forma masiva.

Lo nuevo de la actual situación es que Schäuble dirige sus amenazas contra un determinado espectro político, la izquierda. Y parece que no está solo porque el Ejecutivo de Mecklenburgo-Antepomerania, gobernado por una coalición de socialdemócratas y cristianodemócratas, está habilitando espacios para convertirlos en centros de detención preventiva.

En otros tiempos se los llamaron «campos de concentración». «Schäuble padece el síndrome Sarkozy», comentó el parlamentario verde Wolfgang Wieland en alusión a la política interior del electo presidente francés.

Si fuera por Schäuble, el Gobierno contaría con el derecho a derribar aviones civiles secuestrados, se eliminaría la presunción de inocencia para supuestos «terroristas islamistas», las Fuerzas Armadas adquirían competencias policiales y las Fuerzas de Seguridad podrían espiar online los ordenadores privados.

Que el operativo del pasado miércoles se dirigiese contra la izquierda y no contra los neonazis que han desarrollado también una amplia actividad antiglobalizadora no es ninguna casualidad, sino un mero cálculo político: Es el socialismo democrático que respalda al movimiento anti G-8. Y esta fuerza política, representada por Die Linke.PDS y el WASG, está en proceso de fusionarse.

El nacimiento del nuevo partido está previsto para mediados de junio. De ahí podría surgir un nuevo poder político que, a nivel nacional, alcanzaría el 10% más equis.

Si hace 25 años el Estado alemán occidental intentó criminalizar al movimiento antinuclear y pacifista para dificultar la creación del partido de Los Verdes, hoy en día emplea los mismos métodos para domesticar a una formación de índole socialista. El sábado, el semanario «Focus» salió con la información de que los agentes encontraron en Berlín «despertadores, cables, relojes y mayores petardos».

No obstante, parece que las cosas no le van tan bien a Schäuble porque el semanario «Spiegel» informó que varios de los detenidos fueron alertados con antelación de las pesquisas policiales: Uno porque descubrió en la factura de su teléfono móvil que le estaban escuchando, otro porque la oficina de empadronamiento le mandó una carta de la cual dedujo que la Policía le estaba siguiendo.

El grupo ATTAC comentó: «El efecto político de esa gran operación policial es obvio: El movimiento de protesta debe ser desacreditado, debilitado y dividido». Más bien parece que Schäuble y la fiscal general federal Monika Harms han conseguido consolidar el polifacético movimiento antiglobalizador.

En un comunicado firmado por cuatro organizaciones pacifistas y ATTAC se afirma: «Seguiremos con nuestro trabajo informativo y de movilización contra la neoliberal política de economía global y contra la agresiva política de guerra de los miembros del G-8».

Mientras el Gobierno alemán ha erigido una valla de protección en la denominada «zona de seguridad», los grupos antiglobalizadores siguen preparando sus actividades. Ahora están buscando sitio para que 15. 000 manifestantes puedan «sitiar acampando» la zona de máxima seguridad de Heiligendamm.