A principios del pasado año GARA publicó un comentario mío sobre los forenses del «caso Roquetas», en el que denunciaba que Juan Martínez Galdeano «fue apaleado brutalmente por nueve agentes de la Guardia Civil al mando de un teniente apellidado Rivas», y me lamentaba de que no teníamos nada que hacer porque «los poderes policiales, militares, civiles, eclesiásticos, judiciales, a la hora de un enfrentamiento con ellos, por muchas razones que nos asistan, nos toca perder. Como perdió la vida un 24 de julio el ciudadano Juan Martínez Galdeano».

Pues bien, recientemente se ha celebrado el juicio. Se condena al teniente y a dos agentes por una falta de lesiones, se absuelve a otros cinco guardias. Nadie va a la cárcel. La excesiva corpulencia de la víctima hizo peligrar a los agentes de la Guardia Civil. Pues esto es lo que tenemos. A cualquier chaval detenido por quemar un contenedor le caen diez años de cárcel. En mi caso concreto, dependo de un informe favorable de la Guardia Civil o Policía para que pueda votar y ser votado. Se confirma una vez más el poder policial y judicial, sobre el poder civil. No estaría de más algún organismo superior que procesase a jueces y magistrados cuando sus sentencias son consideradas de auténtico escándalo, como en el caso que nos ocupa.