El primer fin de semana de campaña se ha cerrado con dos referencias claras: la manifestación celebrada el sábado en Bilbo, en la que cerca de 20.000 personas mostraron su apoyo a unas elecciones libres que hoy por hoy aparecen como un lejano sueño para este país, y la declaración realizada ayer por la izquierda abertzale. En una comparecencia celebrada en Iruñea, Pernando Barrena solicitaba el voto para ANV, la única opción electoral que, a su juicio, se ha mostrado a la altura de lo que cabe exigir a cualquier partido en un contexto de grave vulneración de derechos.

El pronunciamiento no puede sorprender a nadie. La izquierda abertzale ha indicado por activa y por pasiva su voluntad de estar presente en los comicios del próximo 27 de mayo. Lo ha intentado mediante la inscripción de un partido político y, fracasada esa vía por la actitud del Gobierno español, dio su apoyo a las agrupaciones de electorales, que lograron el aval de más de 83.000 ciudadanos vascos. Tras el portazo recibido por las candidaturas populares, el sector abertzale y de izquierdas se ha identificado con ANV, no por ser su opción, que, como lo ha remarcado mil veces, no lo es, sino por ser la que expresa un compromiso más nítido con la apertura de un proceso que haga posible, entre otras cosas, unas elecciones libres.

A partir de ahí, el que la formación independentista solicite el voto no debería tener mayor relevancia. El que no pueda concurrir a las elecciones no implica que el sector político al que representa no pueda depositar una papeleta el 27-M. No cabe ver nada extraordinario en un llamamiento que se enmarca plenamente en el derecho a la libertad de expresión, un derecho básico que si en algún momento debe ser respetado escrupulosamente es en una campaña electoral que, por definición, es el periodo para informar a la ciudadanía de los posicionamientos de los distintos partidos.

Lo extraordinario no es que pedir el voto, sino que un gobierno a través de su Fiscalía persista en la estrategia de erosionar a un sector político sin el que no es posible hacer un proceso de paz y normalización.