Nueva actuación judicial contra la izquierda abertzale
Una corta deliberación bastó a la Sala del 61 para borrar a ASB
Tras apenas dos horas de vista pública y poco más de deliberación, los 16 magistrados que componen la Sala del 61 del Tribunal Supremo acordaron prohibir la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de Abertzale Sozialisten Batasuna. Los letrados de la formación abertzale, Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, además de plantear la inconstitucionalidad de la actuación del Ministerio de Interior, destacaron que los estatutos de ASB cumplen lo marcado en la Ley de Partidos.
GARA | MADRID
La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo español, encargada de decidir sobre los asuntos relacionados con la Ley de Partidos, acordó ayer aceptar las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra de Abertzale Sozialisten Batasuna y, de esta manera, prohibir su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.
Los 16 magistrados que componen la Sala especial del Alto Tribunal adoptaron esta decisión por unanimidad, como todas las que tienen relación con la aplicación de la ilegalización y, en general, con la situación política en Euskal Herria. Lo hicieron, además, apenas un par de horas después de que finalizara la vista pública convocada para conocer las alegaciones de las partes.
Una vista que, a la luz de lo acontecido, no fue sino un trámite antes de dar a conocer la decisión final, a pesar de que en su providencia del 24 de abril la Sala del 61 aseguraba que la comparecencia pública, reclamada por la defensa de la formación abertzale, pretendía «garantizar de la manera más amplia y completa la tutela de los intereses generales y particulares concurrentes».
Sin embargo, con una celeridad insusual, la Sala presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, estimó los argumentos de la Fiscalía y del abogado del Estado, que ayer volvieron a reclamar la no inscripción de ASB en el Registro de Partidos.
Frente a ellos, los letrados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz ejercieron la defensa de la nueva formación política de la izquierda abertzale, solicitando, en primer lugar, que la Sala del 61 planteara una cuestión de inconstitucionalidad relativa a si el Ministerio de Interior puede paralizar una inscripción en el Registro de Partidos Políticos.
Y es que, como se recuerda en en el extenso escrito de alegaciones presentado por la defensa, citando la propia Ley de Partidos y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio de Interior no tiene «potestades discrecionales que le habiliten para proceder o no a la inscripción en el Registro» de un partido que lo solicite, ya que la única actuación posible contra ese partido es que, una vez inscrito, la Fiscalía o la Abogacía insten a su disolución.
Estatutos «sin tacha alguna»
Iruin, en su intervención, recordó que el Tribunal Constitucional apuntó en su sentencia contra Herritarren Zerrenda que no se proscribía a la izquierda abertzale, y explicó que ASB no es sino el cauce elegido por este sector social para «normalizar su situación legal» con unos estatutos «en los que no se va a encontrar tacha alguna».
El letrado destacó también que la función de los partidos políticos es aglutinar a las personas que comparten una misma ideología, sin que ésta pueda estar perseguida, y tras citar varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostenían su alegato, señaló que si lo que se pretende es dilucidar si un nuevo partido es sucesor de otro ilegalizado, en este caso resulta imposible hacerlo cuando ni siquiera está inscrito y no se le puede imputar actividad alguna.
A este respecto, tanto la Ley de Partidos como el TC subrayan que la legalidad o ilegalidad de una formación debe decidirse en base a su «actividad», al margen de otros aspectos como su estructura, organización o funcionamiento. En esta línea, valoró que lo que los demandantes pedían a los magistrados «es una profecía».
Araiz, por su parte, detalló que el termino Batasuna, incluido en las siglas ASB y que es uno de los «argumentos» aducidos por Fiscalía y Abogacía para sostener sus demandas, no es exclusivo de ningún partido político, mencionando a varias formaciones que lo llevan incluido en su denominación.
También se refirió al «plus» que suponen los estatutos de ASB, en los que se apuesta por las vías políticas y democráticas, lo que «no puede caer en saco roto».
Contradicción en la Fiscalía
Desde la parte demandante, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, se escudó en las últimas decisiones judiciales contra 250 agrupaciones electorales y más de la mitad de las listas de ANV, para argumentar el «ánimo defraudatorio» de los impulsores de ASB, y arguyó también que dos de las promotoras de esta formación pertenecen a Batasuna.
Este argumento, sin embargo, choca frontalmente con lo expuesto por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en enero de 2006 afirmó literalmente que la ilegali-zación de un partido «nada impediría que las mismas personas que integraron un partido suspendido o disuelto constituyan una nueva formación política». Parece que en poco más de un año el criterio de la Fiscalía ha cambiado 180 grados.
El Alto Tribunal español sólo dio a conocer el fallo. La sentencia con los argumentos para no inscribir a ASB en el Registro de Partidos Políticos no será hecha pública hasta la próxima semana.
Es el número de magistrados del Tribunal Supremo que atendieron a la demanda de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, es decir, la totalidad de la Sala del 61, comandada por su presidente, Francisco José Hernando.
Para argumentar que el término «Batasuna» ha trascendido de su uso literal en euskara para pasar a definir a los miembros de la izquierda abertzale, el fiscal se refirió a unos personajes del programa de ETB «Vaya semanita».
La vista oral en el salón de plenos, que se prolongó por espacio de dos horas, contó con la presencia de un gran número de periodistas, además de muchos estudiantes de Derecho y de la diputada del PNV Margarita Uria, entre otros.
Joseba Álvarez afirmó ayer en Donostia que acciones como la ilegalización de candidaturas de izquierdas y abertzales de cara a los próximos comicios evidencian que el Gobierno español «le ha dado una patada al proceso». Un hecho que, a juicio del dirigente independentista, deja el momento político en una situación «especialmente grave».
Álvarez, que compareció en la capital gipuzcoana acompañado por la también mahaikide Marije Fullaondo, aseguró que «los acontecimientos que hemos vivido durante esta campaña, entre otros la ilegalización de 380 candidaturas, evidencian que el Gobierno español, hoy por hoy, le ha dado una patada al proceso». Junto a ello, acusó el Ejecutivo del PSOE de «decirle que no a unas elecciones democráticas y al avance de cualquier resolución al conflicto, todo ello con el apoyo inestimable del PNV».
El dirigente abertzale también se refirió a la visita a Gasteiz del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes. Zapatero «saludó el camino de resolución irlandés e incluso a las partes implicadas», recordó, para destacar que «la izquierda abertzale está dispuesta, totalmente y sin ninguna mínima duda, a hacer el camino que en el caso irlandés ha planteado el Sinn Féin». Frente a ello, a su parecer, «el problema es si el señor Zapatero está dispuesto a hacer o no lo que ha hecho el señor Tony Blair».
En esa misma línea, indicó que en el caso de Irlanda se produjo «un respeto por las partes, algo que hoy no existe en Euskal Herria, así como conversaciones públicas y privadas para avanzar en contenidos». Algo que tampoco sucede aquí, ya que, tal y como subrayó, están en una situación de «bloqueo».
Finalmente, recordó que a partir del 28 de mayo, después de las elecciones municipales y forales en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, «existirá un escenario para resolver el conflicto en Euskal Herria, que exigirá también pasar por las diferentes fases» por las que transcurrió en el proceso irlandés. En ese sentido, subrayó que a pesar de las medidas de «carácter antidemocrático», la izquierda abertzale apuesta por «una solución a este país, aunque esto es algo que sólo va a ser posible si el PSOE y el PNV entran en una vía de éstas».
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso español, Diego López Garrido, respondió directamente a estas reflexiones de la izquierda abertzale asegurando que «con violencia no cabe proceso de paz y apoyando a la violencia no es posible ejercer la actividad democrática». Respecto a la comparación con el caso irlandés, no entró en el fondo del asunto y dijo que «quien cometa violencia, que deje de cometerla, y quien la apoye, que deje de apoyarla».
Al mismo tiempo, el dirigente del PSOE comentó «no tener nada que decir» sobre de la intención del juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska de pedir aval al decano de dicho tribunal para poder investigar si existe algun tipo de conexión entre ANV y ETA.
GARA
El fiscal general afirmó hace un año que la Ley de Partidos no extiende «sus consecuencias prohibitivas» a los miembros de las formaciones ilegalizadas. Pocos meses después, la Fiscalía ha defendido una tesis completamente opuesta.
