ELECCIONES EN EUSKAL HERRIA
Maniobras en la Audiencia Nacional para buscar la suspensión de ANV
La asociación Dignidad y Justicia busca la suspensión de actividades de ANV en la Audiencia Nacional y trata además de evitar que sea Baltasar Garzón quien decida, puesto que ya rechazó anteriormente sus pretensiones. Intentó con una nueva querella que el caso recayera en el magistrado Fernando Grande Marlaska, pero finalmente se decidirá por el habitual sistema de reparto de los casos entre los jueces.
GARA | GASTEIZ
La asociación Dignidad y Justicia -escisión de la AVT dirigida por Daniel Portero- presentó anteayer una querella en la Audiencia Nacional contra los «representantes legales» de ANV, partido al que acusa de ser el «aparato durmiente de ETA-Batasuna» y por lo que solicitan la suspensión de sus actividades.
Apuntan que participó en la constitución de Herri Batasuna, que sus dirigentes han concurrido en elecciones anteriores en «las franquicias políticas de ETA y se ha financiado del mismo modo que Batasuna-ETA, con las mismas fuentes que fueron consideradas ilícitas e indiciarias de la vinculación entre ETA». Además, incluyen como prueba la petición de voto del mahaikide Pernando Barrena para ANV.
La querella se presentó mientras se encontraba de guardia el juez Fernando Grande Marlaska. Baltasar Garzón ya había estudiado el caso con anterioridad a petición de esta misma asociación dentro del sumario contra Batasuna y había rechazado la adopción de cualquier medida contra ANV.
Dignidad y Justicia reconoció abiertamente que con la interposición de una nueva querella pretendía forzar un cambio de magistrado para impedir que ANV pueda tener candidaturas legales en las próximas elecciones municipales y forales.
«Si Garzón hubiera actuado como creemos que debía haberlo hecho, no habríamos presentado esta nueva querella», confesaron a los periodistas de la Audiencia Nacional el abogado y una portavoz de Dignidad y Justicia. Ambos dijeron confiar en que si Grande-Marlaska se hace cargo de la causa «funcionará en el sentido correcto».
Marlaska lo intenta
Por lo que se ve, el juez Grande-Marlaska no quiso defraudar la confianza que Dignidad y Justicia había puesto en su persona y dirigió un escrito al decanato de la Audiencia Nacional preguntando sobre si le correspondía investigar a él la querella de este grupo o si la pasaba al reparto entre los juzgados.
El texto no era una simple consulta, sino que en su redacción defendía que lo pudiera instruir él mismo. Grande-Marlaska sostenía que aunque Dignidad y Justicia mencionaba en su querella al sumario 35/02 (el de las Herriko Taberna) que instruye su compañero Baltasar Garzón y en el que se investiga la relación entre Batasuna y ETA, dicha referencia se hacía «al objeto exclusivo de solicitar la remisión de concretos testimonios como diligencias de instrucción».
Fernando Grande Marlaska añade en su escrito al juez decano, Ismael Moreno, que puede «entenderse razonablemente que los hechos que motivan la actual querella y los que estudia Garzón no son «delitos conexos», puesto que la identidad de los imputados es distinta. En este caso Dignidad y Justicia se dirige contra miembros de la dirección de ANV, mientras que la anterior afecta a dirigentes de Batasuna.
La Fiscalía ve fraude
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no era de la misma opinión que Grande Marlaska. De hecho, acusó a Dignidad y Justicia de llevar a cabo una estrategia de «fraude de ley procesal», por haber presentado una nueva querella «con el único objetivo» de apartar a Baltasar Garzón de la causa.
La Fiscalía considera que el juez competente es Garzón, porque es el que «está conociendo con anterioridad de los hechos». En su escrito recuerda que Dignidad y Justicia se había dirigido con anterioridad hasta en dos ocasiones al mencionado juez para tratar de obtener la suspensión de ANV.
Por otra parte, fuentes del Juzgado de Garzón señalaron que éste se ha mostrado contrariado por el hecho de que Grande-Marlaska haya defendido su competencia para instruir esta causa, e instaron a este magistrado a que haga «examen de conciencia».
Finalmente, el juez decano de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidió enviar a reparto la querella presentada por Dignidad y Justicia, lo que significa que su investigación podría corresponder a cualquiera de los juzgados centrales de instrucción y no necesariamente ni al de Fernando Grande-Marlaska ni al de Baltasar Garzón.
Pumpido y la petición de voto
En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio ayer por cumplida su misión de haber impedido que Batasuna estuviera presente en las elecciones y añadió que no es cuestión suya a quién voten los miembros de la formación ilegalizada.
Conde-Pumpido aseguró que las candidaturas que comparecen a los comicios «son listas legales de partidos legales» que han superado un «estricto control», por lo que no es cuestión de la Fiscalía a quién de ellas apoye Batasuna porque sus listas han sido anuladas.
Respecto a la posibilidad de suspender las actividades de ANV antes del día 27, afirmó que «nosotros hablamos de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo, el futuro será otra cosa completamente distinta. Vamos a dejar que las elecciones se celebren en paz».
Ante todos estos movimientos, el cabeza de lista al Parlamento de Nafarroa, Santi Lorente, defendió la legalidad de ANV y la legitimidad que le da su militancia y su base social. Denunció los intentos de «recortar más la recortada democracia española», y añadió que «medidas fascistas no son la solución para resolver los problemas de este pueblo».
La asociación Dignidad y Justicia reconoció que la presentación de una nueva querella era un intento de forzar un cambio de juez porque Baltasar Garzón no había atendido sus anteriores peticiones de suspender las actividades de ANV.
Pese a lo declarado el pasado fin de semana en una entrevista, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera ahora que no es cuestión suya a qué candidaturas legales vayan a pedir el voto dirigentes de Batasuna.
La sesión de control al Gobierno de los miércoles en el Congreso volvió a convertirse en un diálogo de sordos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El líder del PP acusó al presidente del Ejecutivo de permitir que «el mundo de ETA» vuelva a los ayuntamientos, añadiendo que «su decisión fortalece a ETA». Zapatero le respondió recordando que había impugnado 386 candidaturas y reiterando el argumento de que el PP es el único partido que hasta la fecha ha utilizado la «política antiterrorista» para enfrentarse al Gobierno y hacer electoralismo.
Mariano Rajoy señaló que ya que el Ejecutivo había decidido dar «vía libre a Batasuna en muchos municipios», debería «tener la gallardía y la valentía de explicárselo a los españoles». Según la interpretación del PP, el Tribunal Supremo dejó claro que se podía haber actuado contra todas las listas de ANV y si no lo hizo fue porque tuvo que atenerse a las impugnaciones. José Luis Rodríguez Zapatero insistió en que ha cumplido escrupulosamente la Ley de Partidos, en lo que ha contado con el aval del Tribunal Supremo y del Constitucional.
Este no fue el único rifirrafe por esta causa. José María Aznar aseguró que «las consecuencias del retorno de los terroristas a las instituciones serán durísimas para la democracia y para España» y sostuvo que se ha retrocedido «veinte o treinta años». Desde el PSOE, Antonio Hernando consideró una «indecencia» estas palabras y le respondió que este Gobierno ha impugnado más del doble de listas que el anterior, que fue además quien legalizó EHAK.
