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ELECCIONES EN EUSKAL HERRIA

Barcina toca a rebato contra los aires de cambio

En un momento dado del último partido de Osasuna en El Sadar parte de la grada comenzó a corear «Agur, Barcina» mirando al palco. Es un síntoma más de que en la capital navarra huele a cambio, mucho más aún después de que la lista de ANV pasara el filtro de los tribunales españoles para escándalo de la alcaldesa de UPN. Pero la historia reciente de Iruñea está marcada por los vaivenes en el reparto de voto.

Ramón SOLA

En favor de Yolanda Barcina se han retratado en las últimas horas desde el arzobispo que no oculta sus veleidades ultras y que ayer la acompañó en un acto oficial, hasta el influyente ex director de ``Diario de Navarra'' José Javier Uranga («Yolanda es ya una institución pamplonesa, querida y admirada dentro y fuera de nuestra ciudad, y cada día más guapa», escribía anteayer). Queda claro que la derecha percibe que si en algún sitio está en claro riesgo su hegemonía es en la capital navarra, en la que la gestión de Barcina ha provocado un buen número de tensiones.

A UPN y su socio, CDN, les salen las cuentas aún menos desde que supo que la izquierda abertzale volverá al Ayuntamiento con ANV. Desde la decisión del Constitucional español, Barcina ha cambiado su discurso y lo ha dedicado en exclusiva a expresar su escándalo y alarma por este motivo, especialmente en el mitin central de UPN-PP.

En el otro lado afloran marcadas coincidencias de discurso, que evidencian que el hastío extendido por cuestiones como la persecución a las iniciativas populares es generalizado. Tanto Javier Torrens (PSN) como Uxue Barkos (Nafarroa Bai), Idoia Saralegi (IUN) y Mariné Pueyo (ANV) han utilizado expresiones como el «túnel» para definir la situación en Iruñea, han reivindicado una ciudad «de colores» o denuncian que hay ciudadanos de primera y segunda categoria.

Barcina despide su segunda legislatura dejando vivos conflictos como el de la vivienda y los locales para los jóvenes, revivido estos días por la iniciativa Iruñea Piztera Goaz casi tres años después del desalojo y derribo del gaztetxe Euskal Jai. La persecución a las fiestas de los barrios o los Olentzeros ha terminado por soliviantar a miles de ciudadanos cuyas simpatías no estaban muy lejos de UPN. La Ordenanza por el Civismo ha provocado cientos de multas e incluso juicios por argumentos como escupir en la calle. El conflicto del parking de la Plaza del Castillo (con la negativa de la alcaldesa al referéndum reclamado por más de 25.000 firmas) también dejó un reguero de protestas reproducido ahora tras conocer que a la adjudicataria se le abonarán seis millones de euros más en concepto de «lucro cesante» por un supuesto error en el plazo de concesión. Y en estas jornadas preelectorales la conciencia más tradicional de la ciudad se ve sobresaltada también por la metamorfosis en el comercio provocada por la irrupción de El Corte Inglés, que no sólo se ha llevado por delante una calle del centro de la ciudad sino tiendas emblemáticas como Unzu y Alonso. Por no citar el trato asimétrico dado por Barcina a la ciudad: mientras el Segundo Ensanche, caladero de votos para UPN, cambia de cara sin reparar en gastos, en Alde Zaharra impera el abandono oficial.

Que UPN y CDN no retendrán la mayoría parece evidente, pero a partir de ahí se admiten quinielas, tanto para el reparto de sillas como para la gobernabilidad. PSN, NaBai y ANV llegan con incógnitas a las urnas. Sólo el primero ha tenido una trayectoria homogénea (entre 14.800 y 16.300 votos en las tres últimas convocatorias, siempre cuatro o cinco actas de electo), pero la apuesta por un candidato poco conocido tiene riesgo en un escenario cambiante.

NaBai apenas suma ahora cuatro escaños, pero se da por probable que supere a Torrens. El tono presumiblemente «institucional» adoptado por Barkos -renuncia a sacar la ikurriña en el chupinazo incluida- apunta a que sueña con la Alcaldía, aun a costa de dejarse en el camino muchos votos populares. La izquierda abertzale, mientras, afronta con ganas especiales su reencuentro con la institución después de que la ilegalización dejara en 5.000 votos los 18.242 de 1999.

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