En tiempos de la Santa Inquisición española la limpieza social sobre los llamados herejes se hacía sin miramientos, intentando extirpar de cuajo determinadas contestaciones o comportamientos sociales y religiosos. Cinco siglos después, el Tribunal Supremo y el Constitucional, con un Gobierno PSOE que desde la Fiscalía ha sido un fervoroso hooligan, las tendencias se repiten.

Siguiendo la doctrina preventiva iniciada por el Gobierno de Aznar, el de Zapatero ha situado a los llamados contaminados como los nuevos herejes del siglo XXI. Utilizando un símil pesquero, la nueva campaña inquisitorial desarrolla en caladeros de Hego Euskal Herria una pesca de arrastre política sobre miles de personas abertzales y de izquierda con el resultado de una vulneración masiva de derechos civiles y políticos, utilizando redes pelágicas aportadas por los cuerpos policiales.

No los han quemado en la hoguera, pero los herederos de Torquemada han recuperado jurídica y políticamente un nuevo concepto -contaminado/a- para sustentar parecidas políticas y objetivos. Es curioso, pero la historia de España para con Euskal Herria repite episodios y actuaciones en clave de coartar el derecho a ser de la nación vasca.

Con esta comparación histórica quiero resaltar la gravedad de unas decisiones político-judiciales que condicionan el carácter democrático de las elecciones y de unas futuras instituciones que estarán contaminadas, eso sí, por ese sabotaje arbitrario contra principios de representación e igualdad democrática. Por lo tanto, y en primer lugar, estamos ya ante unas elecciones marcadas por decisiones antidemocráticas que pervierten la voluntad popular y la conformación democrática de las instituciones.

En segundo lugar, quiero responder a esa tesis sobre el «ajustado» respeto a la legalidad que emana en la decisión de ilegalizar más de 300 candidaturas de ASB y ANV y legalizar algunas de esta última formación. Zapatero tiene razón cuando utiliza la palabra ajustada. Aunque quizá, en el fondo, la palabra más correcta era otra: decisión totalmente calculada en términos políticos. Es evidente que no ha existido lectura jurídica, como lo demuestra la pasada que, con posterioridad, comete Conde-Pumpido al señalar que «igual se nos ha ido la mano».

Por tanto, entiendo que todas las reflexiones, todas, han sido de carácter político y ligadas al pulso que en torno al mal llamado proceso viene desarrollándose desde el día después de la declaración del alto el fuego de ETA. Nada ha sido dejado a la intemperie o a la lotería jurídica. No ha existido improvisación alguna sino que nos encontramos ante una mutilación de derechos situada en la estrategia del PSOE para intentar controlar y encauzar un factor político nuclear -conflicto vasco- tanto en el modelo territorial español como para definir el gestor del mismo a corto plazo (elecciones generales).

La aplicación ad hoc de la Ley de Partidos, con la aquiescencia del PNV y el rechazo estético de otros sectores políticos, tiene como objetivo central debilitar la posición de la izquierda abertzale en una coyuntura donde la clave es la revisión o creación de bases nuevas de reconocimiento político y respeto a la voluntad popular en los herrialdes de Hego Euskal Herria tras la neutralización de una transición que perseguía nuestra mera asimilación al modelo territorial español.

Mas allá del ruido del PP y sus sectores mediáticos, el PSOE viene haciendo un trabajo de hormiga en la neutralización de la ola autodeterminista que ha ido impregnando la sociedad vasca desde Lizarra-Garazi. A mi entender, en este último año su estrategia ha tenido referencias bastantes claras. Recuperar al PNV para la estrategia de Estado, impulsar el «quinta-columnismo» o caballo de Troya en el seno de la izquierda abertzale y, como consecuencia, condicionar la acumulación de fuerzas independentistas y progresistas en el marco de un proceso de diálogo y negociación.

Esos objetivos han ido desarrollándose en medio de un pulso con grandes tensiones y cuellos de botella. Han existido momentos donde, relativizando muchas cuestiones estáticas, parecían darse condiciones para consolidar unas bases sólidas para un proceso de diálogo y negociación pero, inmediatamente después, surgía el tirón de actuaciones o posiciones que neutralizaban la apariencia anterior. Ha sido una constante en estos casi catorce meses. Y las consecuencias están ahí: incumplimiento de compromisos, actuaciones judiciales, medidas contra los presos/as, mantenimiento de la persecución contra la izquierda abertzale, reuniones de Loiola, torturas, actuación de ETA en Madrid, detenciones, Iñaki de Juana... y, eso sí, todavía ningún paso sustancial que consolide un diálogo político para poner raíles a un proceso de solución democrática al conflicto.

En este pulso hay que situar, también, lo ocurrido en este previo a las elecciones del 27-M. Ni más ni menos. En su justa dimensión, pero en este contexto histórico que sigue viviendo Euskal Herria por alcanzar un escenario de paz y democracia que sea cimiento para cambios políticos y sociales de carácter estratégico en nuestra nación.

El agotamiento del marco de negación actual, su crisis crónica como instrumento para estabilizar un escenario democrático y estable, la imposibilidad de construir sobre este magma antidemocrático un futuro en paz y normalidad política, tiene que seguir siendo una apelación a seguir trabajando y luchando por el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto sin hipoteca alguna a su voluntad en esta coyuntura de alcance. La izquierda abertzale ha traído el proceso a estos parámetros y, ahora, lo fundamental es poner bases sólidas para un nuevo ciclo político. Eso es lo que está en juego. Por encima de situaciones que pueden provocar interrogantes, la voluntad de la izquierda abertzale en la superación del conflicto, en la creación de un marco que permita desarrollar todos los proyectos a través de vías pacíficas y democráticas y en el dimensionamiento de una fuerza independentista y de clase está fuera de toda duda.

Por eso, ¿qué hacer este 27-M? Es verdad que hay muchas personas de la izquierda abertzale, independentistas y de izquierda, que ante la repetición de estas medidas de ilegalización han reaccionado con una mezcla de rabia y desencanto que tenemos que superar con frialdad y convicciones.

Frialdad sabiendo valorar que en el proceso de liberación hemos dado muchos pasos, que estamos en una coyuntura clave y que tenemos que seguir apuntalando el motor, con nuestras aportaciones y errores, para un cambio político y social: la izquierda abertzale.

Convicciones ante la permanente tendencia de sectores políticos denominados abertzales o de «izquierda» a dar prioridad a intereses tácticos o particulares por encima de los elementos estructurales que caracterizan la lucha por la supervivencia de Euskal Herria. Para algunos vale más una alcaldía o un determinado espacio político-administrativo que la defensa digna de Euskal Herria y sus derechos nacionales. ¿Qué defensa harán algunos del derecho a decidir en términos políticos si ni tan siquiera están dispuestos a revelarse ante la decisión de Madrid de dictaminar quién es legal o ilegal en nuestro propio pueblo? Por eso, manifestar que detrás de conceptos de supuesta utilidad del voto se esconden fraudes políticos y sociales que tenemos que seguir combatiendo para seguir avanzando.

Esa frialdad en el análisis, esa fuerza en las convicciones y en la lucha que venimos desarrollando nos tiene que llevar a votar ANV este próximo domingo. Un voto por apuntalar posiciones en el objetivo de poner en marcha un proceso de paz y soluciones políticas, un proceso que permita establecer los raíles de una transición en la que la izquierda abertzale pueda defender en igualdad democrática su proyecto independentista y socialista.