El colectivo de familiares y amigos de los represaliados políticos vascos se ha dedicado en esta campaña a interpelar a los candidatos y formaciones que se presentan a los comicios de este domingo. Lo ha hecho en los cuatro herrialdes, y con una finalidad: recabar su compro-miso para poner fin, de una vez por todas, a la conculcación de derechos que sufren sus allegados presos.

En estas dos semanas, Etxerat ha acudido a mítines y comparecencias electorales y se ha acercado hasta las sedes de los partidos, sin apenas excepción, para hacer entrega del decálogo «Euskal presoak Euskal Herrira, dagozkien eskubideen jabe», en el que especifica los derechos que, a su juicio, los prisioneros ven vulnerados día sí día también: el derecho a un trato digno y respetuoso; el derecho a la salud; el derecho a la comunicación; los derechos lingüísticos; el derecho a la educación; el derecho a la maternidad y a la paternidad; el derecho a la libertad; el derecho a la defensa; y el derecho a estar agrupados en Euskal Herria, «como Colectivo de Presos Políticos Vascos».

Mientras han llevado a cabo esa labor de interlocución, de la que harán balance mañana en una rueda de prensa en Donostia, los allegados de los presos han constatado que la situación en las prisiones no ha variado un ápice en este mes y que «las medidas de excepción que les aplican los estados español y francés para destruirlos física y sicológicamente» siguen en vigor. En un informe al que ha tenido acceso GARA, Etxerat explica que, por el momento, en mayo se han producido un total de 27 traslados por cambio de destino (21 en el Estado español y 6 en el francés) y otros 14 por diligencias o regreso a la cárcel destinada (en este caso sólo en el español).

Tras apuntar que «uno de los objetivos de estos traslados consiste en romper con la cotidianeidad y el equilibrio» de los encarcelados, destaca dos casos: el de Roberto Vecino, que ha sido alejado de Basauri a Valladolid (a 355 kilómetros), y el de Laura Riera, «quien tiene un embarazo de riesgo y, pese a ello, fue trasladada en un furgón común desde Valencia III a Villena. Allí informó de su estado, y le respondieron que iba a ser llevada a Soto del Real en ambulancia. Pero no fue así, y tuvo que realizar el viaje de cinco horas hasta Soto en furgón. Llegó totalmente mareada».

Como consecuencia de esos cambios, los 597 vascos que integran EPPK se encuentran dispersados en un total de 82 prisiones de tres estados: en el español, hay 443 presos en 50 cárceles (a una distancia media de Euskal Herria de 620 kilómetros); en el francés, 151 en 30 (a una media de 805 kilómetros); y en Inglaterra, tres en dos centos.

Registros «productivos»

Otro de los aspectos que denuncia el dossier es el incremento de los registros. En Córdoba, apunta, los prisioneros han sido registrados constantemente, así como sus celdas, «y también tienen problemas a la hora de salir al patio, a causa de la actitud de los carceleros». Una situación que se repite en Ocaña I («donde los familiares nos estamos encontrando con trabas para solicitar visitas») y Soto del Real. En esta última prisión, los funcionarios han llegado a incautarse de camisetas reivindicativas, CDs y dinero de las celdas. En Alicante, por su parte, «les desaparece la prensa, las cartas les llegan 40-45 días tarde y nos les responden a las demandas dirigidas por escrito».

El 9 de mayo, según Etxerat, los represaliados vascos que se encuentran en Zuera fueron obligados a pasar por el detector de metales cuando salían al patio, y un funcionario, «el mismo que en su día agredió a Josu Lonbide, se dedicó a mirar sus mochilas y a vaciarlas, provocándoles en todo momento. Así les tuvieron media hora, por lo que finalmente optaron por no salir. Por ello, han sido castigados con aislamiento».

Los familiares hacen hincapié en un significativo dato: el 80% de los presos políticos vascos encarcelados en el Estado español se encuentran en primer grado, «condenados a vivir en las condiciones más duras», mientras que ni siquiera alcanza el 2% el porcentaje del conjunto de la problación reclusa clasificada en ese grado.

Este mes electoral tampoco se ha librado de una de las consecuencias que, históricamente, ha resultado más trágica desde que comenzara a aplicarse la política de dispersión: los accidentes de los allegados de camino a prisión o de vuelta a casa. Ocurrió el día 18, cuando el vehículo en el que viajaban cinco amigos (tres de ellos niños) de la presa hendaiarra Argi Perurena regreseban de Rennes tras llevar a cabo una visita y chocaron contra un camión. Esta vez, al menos, no hubo que lamentarse de ningún daño físico.

Se trató del quinto siniestro en lo que llevamos de año, en los que se han visto afectados once allegados. «Semana tras semana, nos hacen recorrer tantos kilómetros como 20 vueltas a la Tierra para compartir unos pocos minutos con nuestros familiares», recuerda Etxerat.

Tampoco han faltado la denegación de visitas, los obtáculos para realizarlas y las «situaciones humillantes» a las que muchas veces se ven sometidos los allegados: ha sido el caso de los de Tomás Intxausti, Txabi Aretxaga, Asier Aranguren o de los presos de Córdoba, a quienes han puesto los vis a vis entre semana. Pero el más flagrante ha sido el de Koldo Altuna, padre de Haimar, preso en Meaux.

Humillado

Tenía la visita concertada para el día 18 y los funcionarios se negaron a que pasara al locutorio en silla de ruedas (padece una dolencia medular y carece de movilidad en las extremidades inferiores). En la prisión francesa conocen su situación. «Aun no pudiendo andar, le obligaron a pasar por dos veces por el detector; primero a rastras, luego en brazos. A pesar de tener que aguantar todo aquello, quisieron que hiciera la visita tras un cristal. Ante ello, los familiares de Haimar y de otros dos presos se negaron a la visita, y reclamaron la presencia del director de la prisión. Tras una fuerte discusión, apareció el responsable de los carceleros, y finalmente pudo llevar a cabo la visita con normalidad», relata el colectivo de familiares, que incide en el hecho de que el padre de Altuna partió de Euskal Herria el día 16 y no regresó hasta el 20, «haciendo todo el viaje en un autocaravana, acostado».

Además de los problemas para expresarse en euskara y «vivir como vascos» que han sufrido este mes en Fleury-Mérogis, Lannemezan o Perpignan, Etxerat censura la situación a la que se ven abocados los prisioneros enfermos: algunos han visto denegada la aplicación del artículo 92 y otros no cuentan con la atención médica adecuada.