Si hay un sector laboral en el que se puede hablar de discriminación en la base y donde la economía sumergida campa a sus anchas es el de las empleadas de hogar. Pese a la responsabilidad que requiere su trabajo, este colectivo, integrado casi al cien por cien por mujeres, muchas de ellas inmigrantes, no tiene, ni por asomo, los derechos que tiene el resto de las y los trabajadores, debido a que están excluidas del Estatuto de los Trabajadores y «amparadas» por un Régimen Especial de la Seguridad Social.

Sin embargo, quien tenga en su casa una empleada de hogar sabe lo importante que es su trabajo. Es la persona a la que se le deja a cargo de la casa, realiza las tareas domésticas y, lo más importante, se le confía el cuidado de las y los hijos e, incluso, el de las personas de la familia enfermas o ancianas. Las empleadas de hogar son auténticas profesionales, a pesar de que la ley no les acompañe y las considere ciudadanas «de régimen especial».

El Gobierno del Estado español ha anunciado que está ultimando una ley para equiparar las condiciones de trabajo de este colectivo a las del resto de personas asalariadas, de lo cual ya era hora. Algunas de las condiciones que contempla la legislación actual rayan la semiesclavitud. Las empleadas pueden trabajar un máximo de nueve horas al día, aparte de «los tiempos de presencia, a disposición del empleador que se acuerden» y que suelen ser bien elásticos. Todo ello por 570 euros al mes. De esa cantidad se les puede descontar hasta un 45% por alojarlas o darles alimentos. Y sólo tienen derecho a un día completo de descanso semanal; las 12 horas restantes que les corresponden se disfrutan «mediante acuerdo entre las partes».

Con ser esto grave, lo más es la desprotección social en que se encuentran debido al Régimen Especial de Empleadas del Hogar, piedra angular de la discriminación. En caso de enfermedad no tienen prestaciones económicas hasta el vigesimonoveno día de la baja. No tienen derecho a desempleo, aunque hayan cotizado lo suficiente, ni tampoco pueden jubilarse anticipadamente. Además, si trabajan menos de 20 horas a la semana en una casa, quienes las emplean no tienen obligación de cotizar por ellas. Pero cuando la trabajadora acude a varios domicilios -lo más habitual- es ella quien tiene que abonar 146 euros al mes en caso de superar las 18 horas semanales. Con los salarios que perciben, entre 8 y 10 euros por hora, muchas optan por seguir engrosando la economía sumergida.

Pues bien, según el proyecto del Gobierno, para la desaparición del Régimen Especial de Seguridad Social se establecerá un periodo transitorio de siete u ocho años para que las empleadas de hogar se integren en el Régimen General y tengan los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores por cuenta ajena.

Al Gobierno de Zapatero, que se dice a sí mismo tan progresista, hay que preguntarle: ¿A qué viene un periodo tan largo cuando la discriminación es palmaria? ¿A qué intereses responde? Sin duda, no a los de estas trabajadoras.