La revisión en el Tribunal Supremo del recurso presentado por la defensa de Arnaldo Otegi centra la atención política. Con sólo seguir los debates en los medios se puede comprobar que, una vez más, asistimos a un proceso en sede judicial pero de inspiración netamente política. Las alusiones al nuevo contexto abierto por el final del alto el fuego de ETA sirven así para justificar que se actúe contrariamente a un auto judicial anterior en el caso de Iñaki de Juana y para tratar de convertir el proceso contra Otegi en otra «respuesta de firmeza» tras el fin de la tregua.

Mediante esas manifestaciones se viene a reconocer lo que para la mayoría de la sociedad vasca es una evidencia: la contaminación de los aparatos judiciales españoles, que han tenido un papel muy destacado en la erosión del proceso político. Porque, sea cual sea la decisión que se tome con Arnaldo Otegi, lo cierto es que la persecución a quien Zapatero calificara de «interlocutor necesario» fue una constante durante la vigencia del alto el fuego. Pero lo que la decisión que tomen los jueces del Supremo y, en su caso, de la Audiencia Nacional, no debe hacer olvidar tampoco es que el primer fallo judicial echó por tierra nada menos que la amnistía del 77, con tal de sostener la condena a un líder independentista. Un ejercicio de revi- sionismo histórico del todo clarificador.