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La OCDE reconoce que las pensiones son un 25% inferiores a hace 16 años

En poco más de 16 años, las pensiones en los 30 países integrados en la OCDE se han reducido en una media del 25%, según reconoció ayer el organismo internacional. Otro dato negativo es que las pensiones representan ya entre un 32,5% y un 41% menos del salario medio. Reclama reformas del sector público y avanza que el Estado español realizará modificaciones hacia el recorte de ingresos de las pensiones.

Juanjo BASTERRA |

Un nuevo estudio sobre «El panorama de las pensiones en los países de la OCDE» confirma que las reformas que «se han aplicado y las que están en marcha» han significado un recorte de las prestaciones entre un 22% y un 25%. Este organismo internacional llega a la conclusión de que los trabajadores deberán «ahorrar aún más» para invertir en productos complementarios para conseguir, cuando se jubilen, una cantidad digna para poder vivir. Entiende, en general, que el sistema público de pensiones sólo podrá garantizar en un futuro una pensión «mínima vital», aunque también advierte que los trabajadores con unos salarios bajos «corren el riesgo de caer en la más absoluta pobreza en muchos de los países» que integran la organización internacional.

El trabajo firmado por John P. Martin, director de Empleo y Asuntos Sociales, de la OCDE, destaca que que las pensiones «son en estos momentos un 32,5%%, de media, más bajas que los salarios». En países como Alemania, Japón, México, Polonia y Eslovaquia la merma de la pensión respecto al salario se eleva hasta el 41%. El estudio hace referencia a datos cerrados de 2004 e insiste en que otros países, entre los que destaca el Estado español, Alemania, Estado francés e Italia, reducirán las pensiones entre un 15% y un 25% por el efecto de las reformas que se han propuesto o están en esa tarea.

Hacia la pobreza

La OCDE explica que las reformas son «necesarias para garantizar el sistema», pero reconoce que «conllevan una pérdida de poder adquisitivo» de quienes han dedicado con su trabajo más de 35 años a cotizar al sistema público para garantizar unas pensiones dignas. «Hay, por lo tanto, un riesgo de un resurgimiento en la pobreza de la vejez en algunos países», precisa, que reconoce que Finlandia, Estado francés, Hungría, Corea, Nueva Zelanda, Suecia y Gran Bretaña «están trabajando en la protección de las pensiones de los trabajadores con ingresos más bajos, para evitar que se extienda la pobreza».

Determina que, la reforma va en sentido opuesto en países como Polonia y Eslovaquia, que «han endurecido los derechos a una pensión y se controla durante toda la vida activa, sin establecer medidas como un red de protección social para los titulares de escasas rentas».

El informe presentado por John P. Martin insiste en que «cuando las reformas se hayan llevado a cabo, la mayoría de los países de la OCDE tendrán una edad normal de la jubilación de 65 años». Sin embargo, destaca que ya en Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega y Gran Bretaña «la edad de acceso a la pensión es ya, o será, a los 67 años». De momento, sólo el Estado francés, Hungría, Eslovaquia y la República Checa «prevén tener una edad de acceso a la pensión de 65 años». En este caso, el Estado español camina ya hacia un incremento de la edad de jubilación. Aunque el límite legal se encuentra en los 65 años, la media se hace con 62 años, pero los cambios normativos previstos por el Gobierno español, que se encuentran en pleno debate legislativo, alarga esa posibilidad hasta los 67 años.

Encarecimiento

El organismo internacional reclama reformas «más activas» de las pensiones para garantizar su viabilidad futura. No atiende a la posibilidad de potenciar el sistema público, pero diferentes técnicos de la OCDE han reconocido en anteriores ocasiones que «el sistema privado difícilmente podrá dar cobertura a más de un 50% de la población activa». En este ámbito, reconocen que el sistema privado «encarece más las pensiones, al cobrar primas y comisiones mayores». Los técnicos de la OCDE entienden que esa salida es válida para quienes disponen de salarios muy elevados, dado que los sistemas públicos establecen topes en las pensiones futuras a percibir.

La Comisión Europea considera que el gasto total en prestaciones para las pensiones crecerá entre el 3% y el 4% de media hasta 2050, lo que representaría «sólo en la UE de los 25 estados, un 10% más de gasto», aunque esas estimaciones son «predicciones por la evolución demográfica europea».

El informe de la OCDE reconoce que todavía una decena de países, entre los que se encuentra el Estado español, no han llevado adelante una reforma completa. Lo atribuye a consideraciones «de temor de pérdida de apoyo social», más que «a elementos de planificación».

La realidad es así. El Gobierno español, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), está dispuesto a entregar el negocio económico de las pensiones al sector privado y está emprendiendo una serie de modificaciones que, en conjunto, suponen cambios importantes. De hecho, su mano derecha David Taguas, que sustituyó a Miguel Sebastián, avanza en esa idea del miedo a que la Seguridad Social se colapse en 2050 y que el sistema público entre en pérdidas a partir de 2027.

El director de la Oficina Económica de La Moncloa cree necesario «la transición del sistema actual de reparto al de capitalización», a la vez que propone extender a los 70 años la edad de jubilación, que sería la más alta de todo Europa y calcular la pensión en base a computar toda la vida laboral. De hacerse de esta manera, las pensiones perderían más de un 30%. Hay que tener en cuenta que la pensión media del Estado español representa el 68% de la pensión media europea.

Ataviados con los uniformes del Barakaldo y del Sestao, miembros de colectivos sociales de Ezkerraldea llevaron a cabo un kalejira que, bajo el lema «Métele un Gol a la Precariedad Laboral», unió las dos ETT existentes en Barakaldo.

a los 70 años

El responsable de la oficina económica de La Moncloa reconoce abiertamente que la jubilación debe trasladarse a los 70 años y que se debe calcular la pensión por toda la vida laboral y avanzar en la privatización del modelo. Ocurre después de que se haya ampliado en 17 meses el período mínimo para tener derecho a una pensión

La Seguridad Social vasca será rentable si tiene carácter público

En esta pequeña batalla entre quienes creen que la Seguridad Social no podrá aguantar el actual ritmo de pago de las pensiones públicas, o lo que es lo mismo, quienes pretenden transmitir el importante negocio al sector financiero privado, existen estudios y trabajos que reconocen que la Seguridad Social vasca será rentable si se encuentra bajo el amparo del sector público. Lo mismo ocurriría en los demás estados, pero el modelo económico neoliberal que impera prefiere que caiga en manos privadas que, según Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, encarecerá el sistema y supondrá un mayor recorte de prestaciones. Mikel Gómez Uranga. doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Sarriko, reconoció en un trabajo para la Fundación Manu Robles-Arangiz, que el futuro pasa por contemplar «un sector público integral, que aglutine al sistema fiscal y la Seguridad Social propia». En la actualidad, el superávit de la Seguridad Social es importante.

Por otro lado, el Gobierno de Lakua explicó recientemente que el sistema de Seguridad Social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no cuenta en la actualidad con un déficit de 463 millones, como apareció en «El Correo Español». A juicio de Lakua «los datos no están recogidos en la globalidad del sistema», por lo que afirma que existe un superávit de 162 millones, además de la parte proporcional del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ya supera los 40.000 millones de euros. A la CAV le corresponderían más de 2.500 millones en aplicación del 6,24% establecido en el Concierto Económico. J. BASTERRA

ELA y CIG rechazaron la salida a bolsa del Fondo de Reserva

El pleno del Consejo Económico y Social del Estado español, aprobó con los votos en contra de ELA y CIG, que están representados en ese organismo, el anteproyecto de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El CES español asegura que el anteproyecto «mejora considerablemente la transparencia en la gestión» y considera «especialmente acertada» la potenciación de la Comisión de Seguimiento. Lo cierto es que ese proyecto, firmado por el Gobierno español, CCOO, UGT y la patronal CEOE y Cepyme, constituye un paso directo haca «la privatización de la Seguridad Social», ya que el texto del acuerdo permite que una parte importante de los 40.000 millones actuales del Fondo de Reserva de la Seguridad Social puedan ser invertidos no sólo en deuda pública, sino en renta variable. Es decir, con las cotizaciones de los trabajadores se especulará en bolsa con el fin, en teoría, de lograr una mayor rentabilidad del fondo. J. BASTERRA

Perdida económica

Está calculado que los trabajadores perderán un 30% de la pensión si se llevan adelante los cambios que el Gobierno español maneja en estos momentos. La OCDE reconoce que las modificaciones suponen pérdidas para los ingresos de los trabajadores.

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