Representantes de LAB plantearon ayer «contratar el 10% más de trabajadores, homologar los calendarios y ofrecer un modelo profesional único», entre otras medidas, para dar respuesta a los problemas existentes en el consorcio Haurreskolak. En una rueda de prensa realizada ante la comparencia hoy del consejero de Educación de Lakua, Txontxu Campos, subrayaron que es hora de «dejar a un lado la política de parcheos» y ofrecer una «solución integral».

Recordaron que en marzo de 2006 el Parlamento de Gasteiz acordó ampliar el calendario de los centros que pasaron de abrir 212 días al año a hacerlo 221, sin efectuar un análisis previo o asignar una partida económica para a la medida. «Año tras año el consorcio alberga un mayor número de escuelas y la plantilla de trabajadores se amplía notablemenente», indicaron los sindicalistas antes de precisar que, en la actualidad, el consorcio agrupa a 123 escuelas infantiles públicas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en las que trabajan 700 personas.

Lamentaron que no haya personal disponible para hacer sustituciones, ya que el consorcio dispone de un listado de 1.860 personas para trabajar en estos centros, de las cuales 1.076 están operativas actualmente. Sólo quedan 132 personas para hacer las sustituciones de los 588 docentes de estos centros que, según LAB, no pueden disfrutar de permisos y licencias que les corresponden por convenio.

Entre las demandas de LAB para mejorar las condiciones laborales y la calidad figura el desarrollo por parte de Educación de «una planificación real para los próximos años teniendo en cuenta las necesidades del personal de gestión, de los profesores, y de los centros que próximamente se abrirán». Para suplir adecuadamente las sustituciones del personal propone contratar el 10% más de trabajadores acondicionando sus condiciones laborales, hasta que se realice una oferta pública.

ELA, por su parte, exigió a los diferentes grupos políticos que no tomen iniciativas «a espaldas» de los trabajadores , cuyos derechos «en ningún caso debieran ser pisoteados por falta de una mínima sensibilidad social de nuestros políticos».

Para STEE-EILAS, el problema «tiene que ver con que se puso en marcha como si de un archipiélago se tratara (la mayoría de las escuelas son pequeñas y están aisladas), sin integrar en la red pública (alejadas del resto de etapas y rompiendo el carácter unitario de la etapa infantil) y con un carácter público discutible, ya que las familias tienen que pagar cuotas de cuantía considerable».