La Fiscalía de Chile recomienda extraditar a Perú a Alberto Fujimori
El informe emitido por la fiscal del Tribunal Supremo chileno recomienda la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori por dos masacres ocurridas en 1991 y 1992, y diez casos de corrupción. La resolución fue acogida con satisfacción por el Gobierno peruano.
GARA |
Las masacres ocurridas en Barrios Altos (1991) y la Universidad de La Cantuta (1992) de Perú fueron determinantes en el informe de la fiscal del Tribunal Supremo chileno Mónica Maldonado para recomendar la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori, acusado en este país de delitos de violaciones de derechos humanos y corrupción. Entre los cargos de corrupción, figura el espionaje telefónico y usurpación de funciones. La fiscal rechazó la petición con respecto a otras acusaciones relacionadas con delitos de asociación ilícita para acciones de espionaje telefónico.
Maldonado entregó ayer al juez de la causa Orlando Alvarez el informe de 50 páginas con el análisis de los 12 libros que contienen el expediente de la investigación. No obstante, el informe no tiene carácter vinculante y será una referencia para el fallo en primera instancia que deberá emitir el juez Alvarez, que tiene un plazo de cinco días para notificar a las partes.
El abogado del Estado peruano en el juicio de extradición anunció que estudia pedir la detención de Fujimori para evitar una eventual fuga. Tras fugarse a Japón, el ex presidente peruano viajó por sorpresa a Chile el 6 de noviembre de 2005, donde en la madrugada del día 7 fue detenido a petición de las autoridades peruanas.
En Perú, está procesado por diez casos de corrupción y dos de violaciones de derechos humanos. Desde que logró la libertad con, se ha dedicado a hacer turismo en Chile y a recibir a sus hijos y colaboradores, que han realizado frecuentes viajes a Santiago. Actualmente, reside en un exclusivo barrio de Santiago de Chile.
Fujimori fue proclamado presidente de Perú en 1990 tras vencer al escritor Mario Vargas Llosa. En abril de 1992, disolvió el Congreso y la Judicatura y asumió poderes absolutos. Un año después, se aprobó la nueva Constitución que, entre otras facultades, le otorgó el derecho a la reelección. Así venció en 1995 al ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar.
Precisamente, en mayo comenzó en Perú el juicio contra su ex asesor Vladimiro Montesinos por haber ordenado, supuestamente, las ejecuciones extrajudiciales tras el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón de 1997.
Grupos peruanos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori celebraron ayer la recomendación de la Fiscalía chilena. El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, manifestó que el dictamen de Maldonado «es un documento de derecho que servirá de orientación».
En su opinión, la resolución demuestra que la demanda de extradición presentada por el Estado peruano es «un expediente con consistencia». La organización que dirige Soberón investigó y denunció las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El grupo paramilitar Colina es considerado por la Justicia peruana como autor material de la muerte de 15 personas en el barrio limeño de Barrios Altos y de 9 estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas, manifestó estar «muy satisfecho porque es un primer paso importante hacia la extradición». Rojas recordó que en noviembre del pasado año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el Estado peruano era el responsable de lo ocurrido en La Cantuta.
«El tiempo nos ha dado la razón, había que dejar que la Justicia se pronunciara», declaró el ministro peruano de Exteriores que abogó por «no politizar el tema; no hay que hacer de Fujimori un tema en la agenda del Ejecutivo».
