A pesar de que se esperaba que la decisión se diera a conocer ayer mismo, finalmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo español resolvió continuar deliberando durante la jornada de hoy sobre si confirma o revoca la condena a 15 meses de prisión y 7 años y 3 meses de inhabilitación absoluta impuesta por la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi bajo la acusación de «enaltecimiento del terrorismo». Los hechos juzgados se remontan al 21 de diciembre de 2003, día en el que Arrigorriaga acogió un acto político en el que participó el mahaikide y en el que se recordó a José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, en el 25 aniversario de su muerte en atentado del BVE.

Durante la vista, que se inició sobre las 11.00 y finalizó hora y media después, el fiscal José María Álvarez pidió que la pena fuera confirmada porque, a su entender, Otegi hizo en la localidad vizcaina «una llamada a apoyar y dar por válida la actividad de la organización terrorista y a considerar natural que los terroristas anden por ahí intentando imponer su criterio, presionando a la sociedad con sus amenazas soterradas». Además, defendió que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni el derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión, participación ideológica y política, como sostiene la defensa.

Y es que la abogada Jone Goirizelaia argumentó que en este proceso se ha producido «una vulneración del principio acusatorio» y se ha infringido el derecho de defensa. Según destacó, la participación de Otegi en aquel acto «se encuadró en la libre expresión de ideas y en la libre participación política».

De hecho, sostuvo que se limitó a elogiar la Propuesta de Bergara -planteada por la izquierda independentista al resto de fuerzas autodeterministas para presentarse en coalición a las elecciones al Parlamento español de marzo de 2004- y a calificar a Argala como «una persona con visión de futuro».

También indicó al tribunal que su defendido realizó aquellas manifestaciones en calidad de portavoz de un grupo parlamentario y «disfrutando del pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos».

«Porque es él»

A la alegación fiscal de que la valoración que hizo la Audiencia Nacional «en modo alguno se puede considerar arbitraria» y de que «no se ha condenado a una persona por ser Otegi, sino una actuación concreta cometida por ese señor», la defensa discrepó afirmando que «no se está condenando porque Otegi haya dicho unas frases, sino que se está condenando porque es el señor Otegi».

Si el tribunal, compuesto por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Siro García -ponente de la resolución que se adopte-, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Julián Sánchez Melgar, finalmente ratifica la condena impuesta por la AN, será la segunda firme que tiene Otegi en su contra, ya que a finales de 2005 el Supremo le impuso un año de cárcel por un delito de «injurias al Rey».

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiría entonces si acuerda el ingreso en prisión del mahaikide en aplicación del artículo 80 del Código Penal. Este artículo prevé que la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años puedan quedar en suspenso mediante una resolución motivada en la que «se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste».

Otegi tiene otras cuatro causas abiertas en la Audiencia Nacional: dos por «enaltecimiento del terrorismo» en los juzgados número 3 y 4, otra por la presentación de la propuesta «Orain herria, orain bakea» en el número 6 y la abierta por Baltasar Garzón contra Batasuna.