La Policía de Auckland (Nueva Zelanda) no emitirá ningún cargo criminal en relación con el caso de la mujer conectada a un aparato de respiración que murió después de que la compañía eléctrica cortara la luz en su domicilio por no pagar la factura.

Según indicó ayer la cadena de televisión Onenews, la Policía no halló pruebas de culpabilidad por parte de la compañía eléctrica Mercury Energy o por parte del empleado que a finales del mes pasado interrumpió el servicio en el hogar de Folole Muliaga, de 44 años.

La víctima, una maestra de escuela y madre de cuatro hijos, expiró horas después de advertir al técnico que la desconexión acarrearía el apagón del aparato de oxígeno del que dependía para respirar. La familia declaró que el técnico le respondió que se limitaba a cumplir su trabajo y que abandonó el domicilio tras quitar la electricidad.