El Departamento del Tesoro comunicó el pasado 7 de mayo a Michael Moore la apertura de una investigación sobre su viaje a Cuba, a donde el realizador estadounidense llevó a tres afectados por los atentados del 11-S para que recibieran asistencia médica gratuita en la isla. El documental "Sicko" denuncia las insuficiencias del sistema sanitario de EEUU.

En una rueda de prensa celebrada ayer en Nueva York, Moore aseguró estar preparado para «acudir a los tribunales» ante lo que considera un «ataque del gobierno de (George W.) Bush». Moore, quien ha acreditado al Departamento del Tesoro su carrera como periodista «durante más de treinta años», sostiene que su viaje a Cuba respondía a su condición de informador, «algo que recoge la ley y que evita el embargo» contra la isla que mantiene Washington.

«Vamos a luchar y seremos muy agresivos. Queremos averiguar quién está detrás de todo esto», aseguró el director de «Bowling for Columbine» y «Farenheit 9/11», quien podría afrontar una pena de prisión o el pago de algún tipo de multa por violar la prohibición de viajar a Cuba que existe en su país.

Para este litigio, el cineasta ha contratado los servicios de David Boies, el abogado que en su día defendió al demócrata Al Gore en el polémico recuento de votos en Florida que dio la presidencia al republicano Bush en 2000.

«Estamos preparados para ir a los tribunales y acabar con este caso que atenta contra la libertad de prensa. No se trata de Cuba ni de Castro, sino de cómo la Administración utiliza su gran poder para discriminar a un periodista por el contenido de lo que cuenta», explicó Boies. El letrado recordó que «las opiniones periodísticas son libres en este país y no es el gobierno federal quien las debe regular; así que, si ese es el caso, hay que decirle que deje de hacerlo». Boies envió ayer una carta de respuesta al Departamento del Tesoro, en la que comunica sus sospechas sobre «el trato discriminatorio hacia Moore, ya que su trabajo periodístico ha sido crítico con la administración Bush», y en la que pide información sobre las personas que decidieron investigar al cineasta.

«Estamos ante un acto de acoso por parte de la administración Bush, porque no hemos atentado contra la ley. Simplemente practicamos nuestro derecho recogido en la Primera Enmienda de la Constitución» estadounidense, explicó Moore, en alusión a la libertad de prensa, «nuestra arma más valiosa».