El juez de la Audiencia Nacional española Juan del Olmo ordenó el ingreso en prisión incomunicada de las seis personas detenidas la pasada semana en Barcelona acusadas de «pertenencia a organización terrorista».

Las comparecencias de los detenidos ante el juez comenzaron al mediodía del lunes y no finalizaron hasta primeras horas de la madrugada, según señalaron fuentes jurídicas.

Socorro Rojo exigió la derogación del régimen de incomunicación y denunció que ni los abogados ni los familiares tienen información sobre su paradero. Subrayó que, además de impedir a la defensa asistirles en su comparecencia ante Del Olmo, ayer no le quisieron decir a qué prisión habían sido trasladados.

«Nadie ha podido saber nada de ellos. Ni sabemos en qué cárcel han ingresado, ni de qué se les acusa, ni su estado físico tras las denuncias de los vecinos de que habían visto a uno de ellos -en alusión a Jorge García Vidal- en pésimas condiciones, con magulladuras y derrengado. Y eso que tan sólo habían transcurrido diez horas desde su detención», resaltó en un comunicado.

«¿Qué han hecho con ellos en estas 120 horas terribles de total incomunicación?», se preguntó.

Nuevos registros

La Guardia Civil, mientras, rastreó el domingo la comarca de Aguilar de Campoo, en Palencia, en busca de posibles zulos.

Según informaron varias agencias, las labores de rastreo se realizaron sin encontrar los supuestos depósitos. La operación se desarrolló el domingo con apoyo de una unidad de helicópteros de la Guardia Civil.

El instituto armado también estaba rastreando ayer una zona boscosa de la comarca barcelonesa del Maresme.

Por otra parte, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que confirme la sentencia que condenó a penas de entre 6 y 14 años de cárcel a 9 personas acusadas de pertenecer a los GRAPO y que ordenó la disolución del PCE(r).