Aunque está casi todo dicho sobre el déficit democrático de las elecciones del 27M, hay un hecho que no ha acaparado tanto espacio en los medios pero que no hace sino redundar en el mismo. La negación del derecho al voto de las personas inmigrantes, producto de la Ley de Extranjería que, como la de partidos, fue consensuada entre PP y PSOE. Esa ley niega a las y los inmigrantes «con papeles» -que viven, trabajan, cotizan y pagan impuestos aquí- un derecho de ciudadanía elemental cual es el de elegir a quienes van a gobernar en lo local y foral y, por lo tanto, les va a afectar directamente.

Aun a sabiendas de que se trataba de un hecho simbólico, un grupo de mujeres inmigrantes presentaron una candidatura en Gasteiz para reivindicar el derecho a votar de las y los inmigrantes. Contó con el apoyo de casi 60 grupos de diferente naturaleza -sindicatos, ONG y grupos sociales- pero, como era de esperar, la Junta Electoral la desestimó. No obstante recogieron más de 3.200 firmas de apoyo y el día de las votaciones 50 personas cedieron su voto a personas inmigrantes. Estas mujeres, hartas de ser ignoradas, salieron a la calle para reivindicar lo que les pertenece como ciudadanas, aunque sea de residencia. Como ellas dicen «hacemos crecer este país, tenemos deberes como cualquier otro, pero nos dejan al margen. Somos las nuevas vitorianas, limpiamos casas, portales, cuidamos niños y ancianos... pero somos ciudadanas de tercera».

Sin embargo, cada día el poder financiero está ocupándose más y más de las personas inmigrantes y no por altruismo precisamente, sino porque dan dividendos. Como es bien sabido, el dinero nunca rechaza la posibilidad de ganar más y para ello no le importa que quien opera con él tenga o no carta de ciudadanía. Las remesas que envían a sus países de origen las y los inmigrantes se han convertido en un gran negocio para las cajas y bancos. Las personas inmigrantes, aunque estén explotadas y realizando los peores trabajos con salarios de miseria, reenvían a sus países gran parte de lo que ganan, con el fin de ayudar a sus familias. Según informó la pasada semana, la BBK ha gestionado durante los últimos tres años un total de 6,1 millones de euros a través de estas remesas, y durante los últimos meses se han producido «incrementos históricos», tanto en el número de envíos -que crece un 90%- como en los importes gestionados, que se incrementan un 96%.

Estos datos chocan frontalmente con el tratamiento que se está dando a la inmigración desde la perspectiva de obligaciones y derechos. Obligaciones todas, derechos los mínimos, discriminación y desigualdad a la orden del día.

La iniciativa de las mujeres inmigrantes de presentar una candidatura en Gasteiz es un hecho importante. Ha servido para evidenciar una parte más del déficit democrático de que adolece el sistema político. Izquierda abertzale: ciudadanía de segunda bajo sospecha. Inmigrantes: invisibles.