Representantes de los más de 40 organismos que conforman la Coordinadora para la Prevención de la Tortura llevaron hasta la puerta del complejo de La Moncloa la denuncia sobre la falta de predisposición y voluntad del Gobierno español para implementar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, cuyo plazo expiró ayer. La representante de Torturaren Aurkako Taldea Nekane Txapartegi, que denunció torturas a manos de la Guardia Civil, entregó una misiva dirigida al presidente español.

Una veintena de personas de la Coordinadora se concentró ayer ante la puerta principal de La Moncloa. Mientras en su interior celebraban el Consejo de Ministros, los congregados denunciaron su nula voluntad de aplicar medidas para erradicar de la tortura.

Bermejo falta a la verdad

El citado protocolo fue aprobado por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2002, gracias también al voto favorable del delegado español.

Casi tres años más tarde, el 3 de abril de 2005, fue firmado por el Gobierno español, y ratificado un año después. En este sentido, y en contra de lo que afirmó el ministro español de Justicia el pasado miércoles, los colectivos contra la tortura denunciaron el incumplimiento del Ejecutivo del PSOE en los compromisos adquiridos. Y es que ayer expiraba el plazo para que el Gobierno español pusiera en marcha unos mecanismos concretos para la prevención de la tortura; tales como, por ejemplo, la colocación de videocámaras en las comisarías.

Rechazaron, también, que el plazo máximo para ello sea de tres años, tal y como afirmó el ministro español de Justicia. Desde la Coordinadora señalaron que ese supuesto está previsto en el caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos; por lo que recriminaron al ministro de Justicia que esté faltando a la verdad.

En la misiva que entregaron en La Moncloa, y dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, la Coordinadora exige al Ejecutivo del PSOE «la puesta en marcha de las medidas reclamadas reiteradamente por instituciones internacionales», y «la creación y puesta en marcha inmediata» de los mecanismos recogidos en el protocolo, del que tanto se muestra orgulloso el Gobierno.