El Tribunal Supremo español hizo pública ayer la sentencia por la que reafirma la condena a Arnaldo Otegi a 15 meses de prisión y siete de inhabilitación absoluta. Los términos en los que el tribunal basa su decisión de situar fuera de la actividad política a una persona a la que todos reconocen como un interlocutor fundamental en el proceso de paz y normalización dejan traslucir que el Estado español está dispuesto a sacrificar los fundamentos mismos del Derecho en su objetivo de retrasar lo máximo posible la puesta en marcha de un escenario democrático en Euskal Herria en el que puedan hacerse realidad todos los proyectos políticos, sin otro límite que la voluntad ciudadana. Así, el Tribunal prescinde de la cuestión fundamental, como es la voluntad expresada por Otegi de glosar en su discurso la línea de continuidad histórica, desde los fracasados diálogos de Txiberta hasta la Propuesta de Bergara, en una nueva demostración de que el respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca a una paz con contenidos es vista como una amenaza por un Estado que, si es preciso, revisa incluso su Ley de Amnistía para emitir una condena histórica -a un dirigente de ETA muerto en un atentado de la «guerra sucia»- que sirva para apresar a un interlocutor político.

La ausencia de pruebas no es un obstáculo cuando de lo que se trata, en éste y otros procesos abiertos al integrante de la mesa negociadora de la izquierda abertzale, es de condicionar la acción futura de un sector político al que se ha sometido a un acoso permanente antes del 22 de marzo de 2006 y durante los catorce meses de alto el fuego de ETA . Porque durante ese contexto -en que, según ha revelado GARA, debieron regir garantías mutuas de no agresión- se llevó a la cárcel a militantes de organizaciones juveniles y se celebró el macrojuicio 18/98.

Un proceso democrático es la única alternativa posible frente a esa vía sin salida que, sirviéndose de atropellos judiciales y hurtos electorales, apuntala el conflicto en vez de posibilitar su definitiva superación.