Tres años de espera para realizar una operación de rodilla. Nada más realizarse, conducen a Tomás Insausti esposado a la cárcel en un furgón, en un habitáculo de un metro por medio metro. Este traslado le produce un derrame en la rodilla recién operada.

A Marilo Gorostiaga, después de esperar dos meses para que le aplicasen diez sesiones de rehabilitación en un tratamiento contra el cáncer, tras la cuarta sesión, la Guardia Civil le comunica que no tiene medios para trasladarle a las seis sesiones restantes.

Bautista Barandalla padece una enfermedad desarrollada por desasistencia médica (para una colitis ulcerosa le dieron medicación para almorranas), y ahora, además de graves consecuencias de esa desasistencia, no puede dormir tumbado del dolor que sufre, tiene mareos de los que no puede ser medicado más que dos días a la semana, padece conjuntivitis crónica y debe recibir un tratamiento permanente contra las alergias.

Al donostiarra Juan José Rego, gravemente enfermo, el médico de la prisión de Mansilla le negó la medicación si no se quitaba una pegatina en la que pedía que se respetasen los derechos de los y las presas políticas vascas.

Más de diez los y las presas políticas padecen enfermedades graves e incurables. Y recientemente, otros dos presos vascos se intentaron quitar la vida. ¿En qué situación extrema el ser humano piensa en esa solución?

A otro preso, vecino de Barakaldo, cuando le quedaban dos días para ser excarcelado tras 18 años de cautiverio, le informaron de que su condena se le alargaba otros doce años por la aplicación de la `doctrina Parot o del Supremo'. A más de veinte vascos ya les ha afectado esta medida.

Al recurso interpuesto por Jorge Olaiz en contra del recorte de las visitas a diez amigos, un juez del Tribunal Central de Vigilancia Penitenciaria situado en la Audiencia Nacional le respondió que no se creía que pudiese tener más de diez amigos y que contento podía estar si no se las rebajaba a la mitad. Y se supone que tiene la función de árbitro entre la persona presa y la cárcel.

Más del 80% del Colectivo de Presos y presas políticas Vascas (EPPK) está clasificado en primer grado penitenciario: Más de veinte horas al día encerrados en las celdas, sin derecho a talleres ni cursillos ni biblioteca, con multitud de trabas para estudiar o comunicarse con el exterior, etcétera. Esta clasificación no llega al 3% en el resto de población reclusa en el estado español.

Estas son pinceladas de la política penitenciaria de los estados español y francés que se aplica, de una manera deliberadamente especial, a los y las presas pertenecientes al colectivo de presos políticos vascos. Es una estrategia que se traduce en arrepentimiento de las ideas que les llevaron a la cárcel o muerte más o menos lenta. Y ante la resistencia y perseverancia de los y las ciudadanas vascas encarceladas a consecuencia del conflicto político en seguir reivindicando sus derechos y los de este pueblo, es una estrategia que se gradúa según los intereses políticos de cada momento.

Etxerat y el conjunto del Movimiento pro-Amnistía hacemos un llamamiento a la sociedad y sus agentes para que no deje aplicar a los estados esta política de exterminio. Un llamamiento a introducir este tema en las agendas diarias de cada cual, para que entre todos presionemos lo suficiente para desequilibrar esa balanza mezquina en favor de los derechos, de todos los derechos, de nuestros familiares y amigos presos políticos vascos. Hoy mismo, en Iruñea, tenemos una cita para quien no esté a favor del exterminio.