La canciller alemana y presidenta de turno de la UE, Angela Merkel, consiguió convencer a Gran Bretaña, pero no a Polonia, en las negociaciones para sacar adelante un nuevo tratado europeo que desbloquee la crisis institucional tras la victoria del «no» en los referendos celebrados en el Estado francés y en los Países Bajos.

Gran Bretaña se oponía rotundamente a la propuesta de reforzar la figura del jefe de la diplomacia de la UE, un cargo que actualmente ocupa Javier Solana. Londres quería que se redujeran los poderes de la diplomacia europea establecidos en el fracasado tratado constitucional, ya que temía perder soberanía, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde, al igual que el Estado francés, cuenta con un asiento permanente y el consiguiente derecho de veto. Finalmente, el resto de socios asumió el compromiso de que la diplomacia europea no sustituirá nunca la de los estados en la ONU.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso que el jefe de la diplomacia de la UE no se denominara «Ministro de Exteriores» sino «Alto Representante». El reforzamiento de la figura de Solana era uno de los retos que Madrid se había marcado para esta cumbre.

El Alto Representante presidirá el Consejo de Exteriores de la Unión, que ahora encabeza cada seis meses el ministro de Exteriores de cada estado miembro. Su mandato será de cinco años. Además, ostentará el cargo de vicepresidente de la Comisión y controlará el Servicio Exterior de la UE.

El objetivo de esta medida es intentar que la UE tenga una personalidad propia en el escenario internacional, al mismo nivel que EEUU, Rusia o China.

Londres también logró que la Carta de Derechos Fundamentales que se incluye en el tratado sólo se aplique en cuestiones que afecten al ámbito de la Unión y nunca a litigios regulados por la legislación de cada estado miembro.

Pero fue Polonia la que puso piedras en la vía de la negociación. Le ofrecieron que el sistema de decisión por doble mayoría -55% de estados que representen al 65% de la población- al que se oponee Varsovia no entrase en vigor en 2009, como estaba previsto, sino en 2014. El presidente polaco, Lech Kaczynski, quiere posponerlo hasta 2020.

A cambio, Polonia lograba un mayor poder de bloqueo, un objetivo considerado crucial por Varsovia ante lo que perciben como una excesiva acumulación de poder por parte de Alemania. Lo obtendría a través del llamado compromiso de Ioannina, que permitiría a Varsovia aplazar una decisión si lo pide un grupo de estados que no lleguen a los porcentajes requeridos, pero sí a una cierta horquilla.

A media tarde de ayer, todo parecía indicar que Polonia asumiría el acuerdo que se le ofrecía, pero Kaczynski comunicó a las 20.00 que lo rechazaba, tras consultar con los miembros de su Gobierno, reunidos en cónclave en Varsovia. Comenzaba entonces un nuevo ciclo de reuniones.

Mientras el presidente polaco negociaba en Bruselas, su hermano gemelo, el primer ministro Jaroslaw Kaczynski, comparecía en la televisión pública de su país desde Varsovia para amenazar con el veto al tratado.

«O se llega a un acuerdo equivalente al de la raíz cuadrada de la población o habrá que tomar la decisión sin contar con nuestro acuerdo», señaló el primer ministro polaco.

El guante de los Kaczynski fue recogido por Merkel, que propuso convocar una Conferencia Intergubernamental (CIG) sin esperar a llegar a un acuerdo con Polonia, para poder avanzar hacia un acuerdo para sustituir al tratado constitucional. Esta propuesta se debatió en la cena de los jefes de Estado y de Gobierno anoche en Bruselas.

El objetivo de Merkel era acordar todos los puntos del nuevo tratado en este cumbre de Bruselas para que en el CIG que, en principio está previsto que se celebre en el segundo semestre de este año, no hubiera más que plasmarlos en un texto. Pero la posición polaca lo ha impedido.