Cerca de un millar de personas salieron a la calle en Iruñea para exigir que los derechos de los presos sean respetados. El llamamiento fue apoyado por 38 agentes sociales, sindicales y culturales, y de esa forma finalizaron las actividades que han tenido lugar durante este mes a favor de los presos bajo el lema «Ilunpetik, konpromezuz eskubide guztien jabe izatera».

La manifestación partió pasadas las 17.00 desde los cines Golem y, tras atravesar calles concurridas como la Avenida Baio- na y el Paseo Sarasate (donde se encontraban los trabajadores de El Corte Inglés, que fue desalojado por un falso aviso de bomba), llegó hasta la Plaza del Castillo. Allí, portavoces de distintos colectivos que apoyaron la movilización leyeron un comunicado en el que exponían la situación de los presos políticos vascos y exigían a los estados español y francés que respeten sus derechos dando fin a las prácticas que castigan a dicho colectivo.

Explicaron que la situación de las cárceles es «oscura» y que hoy en día son seis centenares los ciudadanos de Euskal Herria que «sufren las normas derivadas de una situación de excepción bajo la denominada `lucha contra el terrorismo'». Como prueba de ello, señalaron que son 22 las personas fallecidas en las cárceles; que 12 permanecen recluídas sufriendo enfermedades graves o incurables; y que otras 140 siguen presas a pesar de tener la pena cumplida.

Añadieron que «la dispersión empeora las condiciones de reclusión y extiende el castigo a los familiares y personas allegadas». De hecho, incidieron en el esfuerzo que suponen las visitas, tanto por el tiempo y los gastos del viaje como por la peligrosidad que supone hacer miles de kilómetros cada semana. Así, recordaron que son 16 los fallecidos en accidente. «Esto va en contra de los principios de su propia ley y del régimen penitenciario. Se basa en una decisión política de venganza contra el preso y su entorno familiar, social y político», censuraron.

Exigieron que sean respetados los derechos a «un trato digno y respetuoso, a la asistencia sanitaria, los lingüísticos, de comunicación, educación, a la paternidad y maternidad, a la libertad, a la defensa jurídica y a vivir conjuntamente en Euskal Herria». Para ello, se debería poner fin a medidas represivas como «la tortura, el aislamiento, las restricciones en comunicaciones y el impedimento de estudiar» y garantizar «un servicio sanitario digno, la libertad de hablar en euskara, de ejercer la maternidad o paternidad dignamente y la aplicación de la libertad condicional a los que han cumplido las 2/3 o 3/4 partes de condena y a los que tienen enfermedades graves, así como a participar como colectivo».

Además, resaltaron la necesidad de que la sociedad se implique «porque es un problema que afecta a todos» y aseguraron que «mediante el compromiso, lograremos que sean dueños de sus derechos».