Casi dos años después de que Gobierno y ETA suscribieran el compromiso de aceptar el acuerdo político que alcanzaran los partidos vascos, el pasado 21 de mayo el PSOE rechazó en una ciudad europea la última propuesta presentada por Batasuna. Tomó esta decisión después de que ETA notificara en dos ocasiones al Ejecutivo su compromiso de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» en el marco del desarrollo del proceso de resolución del conflicto que pondría en marcha este acuerdo político, según ha podido saber GARA de fuentes absolutamente ciertas y documentadas.

Antes, en una ronda previa -realizada en los primeros días del mes de mayo- al intento final en plena campaña, ETA puso sobre la mesa una propuesta global, en un momento en que en Euskal Herria todas las miradas estaban fijadas en la impugnación de las listas electorales de la izquierda abertzale. En este primer contacto directo realizado por ambas delegaciones desde las celebradas en marzo, de los que este diario dio cuenta ayer, ETA hizo entrega a la otra parte de una propuesta de acuerdo con varios puntos, entre los que se incluían los compromisos citados anteriormente -propuesta que incluimos en la página 5-.

Según ha sabido GARA, el representante del Ejecutivo -a esa cita sólo acudió uno- se negó a recoger el documento, y lo dejó en manos de los mediadores, argumentando que desde el punto de vista del Gobierno el proceso estaba roto y que recibirlo podía evidenciar lo contrario.

Sin embargo, la relación exacta de los compromisos a adoptar por parte de ETA volvió a ser sacada a la mesa por la organización armada en las reuniones celebradas entre el 14 y el 21 de mayo, ya en presencia de cinco observadores internacionales muy relevantes. Los representantes del Gobierno respondieron entonces, sólo de modo verbal y a través de los mediadores, que consideraban el planteamiento positivo y que ofrecía posibilidades reales de avanzar en la mesa técnica sobre esa base. Sin embargo, el PSOE rechazaba finalmente el acuerdo político, y este último intento -al que se intentó dar más efectividad combinando las dos mesas (Gobierno-ETA y PSOE-Batasuna)- se venía abajo.

2012 como fin de camino

El Ejecutivo español no sólo se negó a recoger la propuesta y la valoró únicamente de modo verbal, sino que también rechazó de modo expreso la posibilidad de hacer una contrapropuesta o una aportación por escrito. La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía nueve puntos y una dimensión «diplomática» que fue aplaudida expresamente por la organización internacional experta en mediaciones para resolución de conflictos que colaboró en todo el proceso de nego- ciación y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones.

Estos nueve puntos fueron presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006 y que fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en las negociaciones de 2005. Esto llevaría al diseño inédito utilizado a mediados de mayo, con reuniones intercaladas entre las dos mesas, que se llevaron a cabo en un mismo lugar como ya informó GARA.

El texto presentado por ETA incidía en que el acuerdo político haría que el conflicto fuera superado. Apuntaba que en él se deberían incluir los principios acordados en el año 2005, con el preámbulo y las aclaraciones correspondientes (fijadas también por escrito entonces). Como bases para el consenso, ETA cita dos: la unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro. Ambas cuestiones se hallan recogidas en la llamada Propuesta de Marco Democrático presentada por la izquierda abertzale en el Pabellón Anaitasuna de Iruñea.

La organización armada plantea incluso un calendario definido para desarrollar los cambios necesarios: la legislatura estatal que debe arrancar en 2008 y concluir en 2012. Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio.

Todo esto conforma el punto clave de la propuesta de ETA que los enviados de Zapatero se niegan a recibir pero que sí es incluida en las actas y recibida por la mediación y por los observadores internacionales. El resto de los artículos recogen compromisos que complementan y desarrollan este proceso, en algunos casos con plazos cerrados. Así, se plantea que el Gobierno español tendrá que legalizar ASB y las listas antes de las elecciones del 27 de mayo, aunque dispondrá de seis meses más de tope después para derogar la Ley de Partidos, como ha solicitado en las negociaciones previas. En esta fase, le corresponderá desactivar leyes de excepción y humanizar la situación carcelaria con la liberación de los presos enfermos, la derogación de la nueva doctrina para imponer cadenas perpetuas y la repatriación y el reagrupamiento de los presos. Tendrá que poner en práctica también las garantías acordadas ya en 2005 pero incumplidas sistemáticamente con detenciones, controles o veto a la actividad política. Y todo ello dará paso a la llamada «tercera fase» de la negociación, en la que Gobierno y ETA abordarán las cuestiones pendientes (presos, exiliados, víctimas, desmilitarización, Comisión de Verificación...).

¿Cuáles son los compromisos que se impone la organización armada? Primero, mantener el alto el fuego sin realizar acciones de abastecimiento. Además, expresarlo públicamente añadiendo la anulación de la posibilidad de «respuesta armada», materializada con el atentado de Barajas. Y, junto a todo ello, en el marco del desarrollo de este proceso de resolución, desactivar la lucha armada y desmantelar estructura militares.

Las reuniones de mayo

Esta propuesta, presentada por primera vez como queda dicho en los primeros días de mayo, viene a poner un nuevo marco y a abrir otro horizonte a los encuentros a cuatro bandas realizados a mediados de mayo. De hecho, la aportación cambia visiblemente el rumbo de la reunión en la que el texto se pone sobre la mesa, que había arrancado marcada por el escepticismo tras los contactos infructuosos de marzo.

De ello da muestra la evolución de la posición del único interlocutor del Gobierno en esas reuniones previas al intento final de mediados de mayo (aunque remarca que es el máximo representante del equipo negociador). Pide al inicio, como en marzo, un comunicado de ETA que amplíe el carácter del alto el fuego como condición para avanzar (argumenta que tras Barajas el Gobierno no tiene siquera aval del Congreso para sentarse a hablar); sin embargo, y pese a negarse a recogerla, al final de la cita admite que la propuesta de ETA abre opciones de reactivar un proceso, «esperemos que con más solidez que en la etapa anterior».

Sobre esa nueva base cuaja por tanto la doble reunión entre el 14 y el 21 de mayo, sin precedente conocido ni por su esquema (doble mesa), ni por la presencia de observadores interna- cionales (tres delegaciones procedentes de diferentes naciones europeas) ni por la duración (cuatro reuniones a lo largo de una semana, hasta concluir el día 21, todo ello en plena campaña electoral en Euskal Herria y en el Estado español).

De algunos pormenores de este intento ya dio cuenta GARA de modo resumido el día 15; por ejemplo, de la participación de Arnaldo Otegi en la mesa política, días antes de su fulminante encarcelamiento. Diferentes medios vascos y españoles han especulado en los últimos días sobre la participación también de Sinn Féin o sobre la opción de que uno de los representantes españoles en la mesa «técnica» fuera el número 2 de Exteriores, León. Lo sustancial, en cualquier caso, son las coordenadas de la discusión y el motivo final de la ruptura.

Las reuniones entre Gobierno y ETA se inician con las consideraciones generales de las partes. Constituyen una especie de resumen del proceso para los observadores internacionales presentes en la sala. Los enviados del PSOE aseguran que llegan dispuestos a desbloquear la búsqueda del acuerdo político, aunque insisten en culpar a ETA de tratar de «tutelarlo», en la línea del mensaje patentado por el PNV, que no ha sido invitado a esta ronda por entenderse que supone un obstáculo. Resulta significativo que los representantes de La Moncloa revoquen algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría al alto el fuego. Por primera vez alegan que no es posible «detener el Estado de Derecho» y que tampoco cabe lograr el pacto de Estado al que se comprometieron y que situaron como tarea pendiente.

En el otro lado de la mesa, la delegación de ETA detalla una vez más los incumplimientos de compromisos y garantías desde el inicio, y reitera que el atentado de la T-4 respondió a eso. Ante la atenta mirada de los representantes internacionales, des- taca la opción de solucionar un conflicto cuya duración cifra en 200 años, y cita como factor alentador que en Europa son abundantes los ejemplos de resolución de conflictos a partir del reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos.

Las reuniones se intercalan. Gobierno y ETA dan paso a la mesa formada por PSOE y Batasuna de modo intermitente. En las intervenciones del Ejecutivo español y la organización armada se observa una diferencia sustancial, pero quizás no insalvable: para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme; para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando.

Esta divergencia de fondo aflora en algunos intensos rifirrafes: según dice uno de los enviados de Zapatero en un momento concreto, ETA está planteando que «o acuerdo ahora o se pone una bomba»; la organización replica acusándole de frivolizar y recuerda que siempre ha aceptado que la búsqueda de consenso se desarrolle en ausencia de violencias.

Tras la tercera reunión, se palpa con claridad que en esta mesa no hay mucho más de qué hablar. La clave está en la otra, donde la izquierda abertzale insiste en el planteamiento de autonomía a cuatro con derecho a decidir y trata de mover el no del PSOE. ETA, en consecuencia, anuncia que no se reunirá de nuevo con el Ejecutivo por dos razones: la clave del desbloqueo es lograr el acuerdo político, y no existen condiciones mínimas para seguir hablando con un gobierno que no ha dejado de vulnerar su palabra.

El 21, por tanto, sólo se sientan PSOE y Batasuna. Dos personas a cada lado. A la salida se confirma que no hay acuerdo político. La negociación entre ETA y el Gobierno queda en situación de ruptura. Y la organización armada comunica a los presentes que queda libre de los compromisos adquiridos en 2005. El 5 de junio anuncia el final del alto el fuego. El Gobierno español ya lo ha avanzado a través de filtraciones a medios cercanos.