Una «guerra» que fomenta la tortura
La Asamblea General de la ONU decidió, el 12 de diciembre de 1997, proclamar el 26 de junio Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con el fin de aportar a la erradicación de esta práctica en el mundo. Se trata de una fecha de gran significación para la lucha contra la tortura y los malos tratos a manos de fuerzas policiales o funcionarios al servicio de poderes estatales. En la misma fecha doce años antes había entrado en vigor la Convención contra la Tortura, y 53 años antes se había firmado la Carta de las Naciones Unidas, el primer instrumento internacional que incorporó la obligación de los estados de promover y alentar el respeto a los derechos humanos.
Han pasado diez años desde esta proclamación oficial y, como pasa en relación a tantas y tantas luchas, es evidente que contar con un día internacional en el calendario no supone en sí un avance ni un alivio para las víctimas de tortura, ni siquiera una disminución de su cifra ni de los estados en los que, más o menos solapadamente, esta práctica se está dando. Así lo indican los datos hechos públicos por Amnistía Internacional que en su informe anual constata casos de tortura y malos tratos a manos de fuerzas policiales al servicio del Estado en 102 países. Una preocupante situación que no tiene visos de corregirse, porque muchos estados no toman medidas para erradicar esas prácticas y muchos otros, siguiendo la estela de la «guerra contra el terrorismo» impulsada por Estados Unidos, están desarrollando, de forma ostensible además, prácticas que atacan gravemente a los derechos humanos.
Estados Unidos, con su centro de detención en Guantánamo y los centros de detención secreta en diferentes lugares del mundo, aparece como adalid de la conculcación de los tratados internacionales que abogan por la erradicación de las prácticas policiales degradantes y violentas. Y es que la Administración Bush ha conseguido que todas las declaraciones y tratados favorables al derecho queden en auténtico papel mojado frente a la justificación todopoderosa de la seguridad.