El Gobierno español beneficiará a los empresarios con la nueva «Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012» después de once años y medio de incumplimientos reiterados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), lo que ha conducido a una tasa de siniestralidad muy elevada, la más alta de los países avanzados económicamente de la UE.

Ayer en Burgelu (Araba) nueve trabajadores resultaron atrapados al caerles encima el forjado del techo de la obra en un polideportivo. De ellos, ocho fueron trasladados al hospital de Txagorritxu. Tres se encuentra en estado grave, y de ellos, dos muy graves. ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS denunciaron las insuficientes medidas de prevención en esa obra y pidieron a la Administración que se involucre de manera real.

Más ayudas económicas

La nueva estrategia española contra la siniestralidad dará a los empresarios más ayudas económicas, bonificaciones en las cotizaciones y reducción de éstas según el grado de siniestralidad en la empresa y, aunque especifica que la Inspección de Trabajo ampliará el número de técnicos hasta el nivel europeo, lo que quiere decir exactamente que tendrá que duplicar la plantilla, la actividad investigadora «tendrá que ser planificada y previamente comunicada a la empresa».

La Mesa de Diálogo Social para la Prevención de Riesgos Laborales cerró a mediados de mes el texto final para «La estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012». En ese organismo están representados el Gobierno español, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. En este sentido, LAB asegura que «vuelven a vender la salud y la vida de la clase trabajadora por un plato de lentejas para financiar y fortalecer sus estructuras de los delegados de prevención, que no mejoran la siniestralidad allí donde están implantados». Se espera que este mismo viernes se apruebe en el Consejo español de Ministros.

El hecho cierto es que las empresas incumplen de manera reiterada la legislación en materia preventiva. Esa situación tiene unas consecuencias dramáticas para los trabajadores. Desde 1996, que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en Hego Euskal Herria se han producido hasta el mes de abril pasado 722.397 accidentes de trabajo, lo que representa que un 73,23% de la población ocupada actual ha tenido una baja laboral debido a la falta de condiciones de seguridad en la empresa. En estos once largos años han tenido lugar 175 bajas al día por la falta de medidas de protección en las empresas.

A la semana se han sumado 13 bajas por accidentes graves, hasta afectar a un total de 7.703 trabajadores y, lo que es más grave, 11 trabajadores han fallecido al mes desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se suponía que nació para evitar la elevada siniestralidad laboral.

Ya suman 60 fallecidos

En lo que llevamos de 2007 en Euskal Herria han fallecido ya 60 trabajadores. Una situación que se hace insostenible, ya que se perdona a los empresarios que cumplan con la legislación, pero también las administraciones públicas ceden en cuanto a legislar sobre materias que favorecerían una reducción de los accidentes de trabajo, como es la elevada precariedad laboral, la excesiva subcontratación y los ritmos elevados de trabajo y en condiciones penosas.

La Comisión Europea también aprobó recientemente una estrategia con el fin de reducir en un 25% la accidentabilidad. El Gobierno de Nafarroa hizo otro tanto; lo mismo que está dispuesto a llevar a cabo el Gobierno de Lakua. Todas ellas son una serie de recopilaciones de intenciones y de medidas a desarrollar que, en muchos casos, ni están reglamentadas, por lo que para cuando entran en vigor pasa excesivo tiempo. Según los datos del Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales en el último año (entre abril de 2006 y marzo de 2007) en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se produjeron 6.110 accidentes con baja por cada 100.000 empleados. De ellos, 45,45 trabajadores de cada 100.000 sufrieron un accidente grave y 7,33 fallecieron. Son tasas muy elevadas en relación al conjunto de la UE.

Fracaso de la legislación

La nueva estrategia que el Gobierno español pondrá en marcha muestra un fracaso total de la legislación de 1996 y sus posteriores modificaciones. La misma reconoce que «los logros en materia de prevención de riesgos laborales están aún lejos de cumplir las expectativas que generó en su momento la aprobación de la Ley 31/1995», que entró en vigor los primeros diez días de febrero de 2006.

El texto permite a las empresas de menos de 50 trabajadores elaborar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación y la planificación de forma simplificada e incluso concede al incumplidor, es decir al empresario, que «pueda desarrollar personalmente la actividad de prevención en empresas de hasta 10 trabajadores».

Se pondrá en marcha el sistema «bonus malus», es decir que las empresas que menos siniestralidad tengan, paguen menos cotizaciones. Se apoyará a los empresarios para renovar la vieja maquinaria; se bonificará a las empresas por tener servicios de prevención, sin que estén obligadas, y se intensificará la Inspección de Trabajo.