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Luesma amenaza a los alcades de ANV con querellas si llevan a cabo consultas ciudadanas

El delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, advirtió ayer a ANV que las decisiones que adopten los ayuntamientos en los que gobierna «deben ser escrupulosamente respetuosas con el ordenamiento jurídico», por lo que adelantó que estará vigilante para que ningún consistorio realice «consultas ilegales» o ponga obstáculos al TAV.

Luesma respondió así al anuncio que los alcaldes ekintzales realizaron el miércoles en Bergara, donde adelantaron que los ayuntamientos serán auditados por organismos independientes y que consultarán a los vecinos su opinión sobre proyectos como el TAV.

En un comunicado, Luesma quiso «dejar claro que desde la Delegación del Gobierno se va a estar especialmente vigilante para que desde ningún ayuntamiento se vulnere lo que nuestras leyes establecen». Al respecto, recordó cómo el pasado 28 de mayo el Juzgado de Gasteiz dio la razón al recurso interpuesto por la Delegación del Ejecutivo español, al declarar no conforme a derecho el acuerdo del Ayuntamiento de Aramaio para celebrar una consulta popular sobre el TAV. Y añadió que «frente a cualquier vulneración, se pondrán en marcha las actuaciones legales que, en cada caso, correspondan».

Mendexa, esperando al PNV

Por otro lado, en los municipios en los que se vetó a las listas de ANV se mantiene el apartheid político a la izquierda abertzale. Por ejemplo, ANV de Mendexa recordó ayer que, gracias a la renuncia de los tres electos jeltzales a la toma de posesión, se dio un paso para respetar la voluntad del municipio, pero se preguntó qué va a hacer ahora el PNV, ante la tesitura inevitable de conformar una gestora municipal; si se hará con todos los cargos o, si, por contra, propiciará una gestora acorde a los votos recibidos por cada formación. Limitó el futuro municipal a la «voluntad» de los jeltzales.

En Donostia, mientras tanto, volvieron a protestar ante el Consistorio para denunciar «la democracia cero que existe en Euskal Herria». Al igual que en la capital guipuzcoana, ANV también denunció a la Corporación «ilegítima» de Astigarraga por «usurpar» los sillones que no les pertenecen.

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