Ha pasado ya más de un mes desde la celebración de las elecciones municipales y forales. La constitución de los ayuntamientos -salvo las conocidas excepciones- estuvo obligada por los plazos legales a respetar. Pero en los entes forales, allí donde no existe un calendario perentorio, los partidos siguen tomándose su tiempo para desarrollar las negociaciones, más atentos a la búsqueda del beneficio partidista que a una visión estratégica de país.

A nadie se le escapa que el mapa que ha dibujado el electorado -con las alteraciones de la voluntad popular que añade la aplicación de la Ley de Partidos que pretende condenar a la invisibilidad a una parte sustancial de la ciudadanía- es muy distinto en cada uno de los herrialdes y compone un puzzle difícil de resolver. Pero no es menos cierto que los diversos partidos tampoco tienen una posición estratégica clara a medio y largo plazo que les sirva de brújula para trazar al menos unas líneas generales a utilizar de guía en un mapa tan enrevesado.

Un ejemplo claro de lo anterior es el debate abierto -además del enfrentamiento en el que no han faltado cuchilladas de grueso calibre- entre los socios que conforman el Gobierno de Lakua. Cuando el lehendakari habla del tripartito (más Aralar) como el «cauce central» y la «columna vertebral» de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se esté o no de acuerdo con este concepto, al lehendakari se le entiende que su propuesta es que sea una alianza de partidos que trasciende a una mera coalición coyuntural para la gestión gubernamental y que pretende asentarse en unos principios y compromisos comunes para desarrollar una estrategia unitaria de actuación, tanto en el seno de la CAV como ante el Estado español. Si así fuera en realidad, hace tiempo que deberían haber quedado aclaradas las dudas sobre la composición de la Diputación de Gipuzkoa y la mesa de las Juntas Generales de este territorio tendría una composición muy distinta a la actual. Sin embargo, en los últimos días se ha visto con nitidez que la apuesta del lehendakari no coincide con la que mantiene el EBB del PNV y da la impresión de que tampoco la Ejecutiva guipuzcoana de EA. Para ambos, el tripartito es una mera cuestión de aritmética. De lo contrario, resultaría difícil de entender que Iñaki Galdos siga poniendo sobre la mesa la posibilidad de gobernar en coalición con el PSE, partido que se sitúa en frente de las posiciones globales del tripartito, como quedó expuesto el 2 de febrero de 2005 al negarse siquiera a admitir a trámite en el Congreso el nuevo Estatuto político aprobado por el Parlamento de Gasteiz.

La misma falta de claridad estratégica se le puede atribuir al PSE. Resulta contradictorio hacer una oferta tan desproporcionada como la hecha en Gipuzkoa a EA -un partido independentista según sus estatutos y al que se le pueden atribuir también todos los defectos y errores que prácticamente a diario el PSE achaca al lehendakari- mientras en Araba todavía no ha deshojado la margarita de si acabará llegando a un pacto con el PP. Es evidente que en la búsqueda de acuerdos todos los partidos requieren de cierta ductilidad, pero tratar de alcanzar en un lugar un pacto de progreso, en base a criterios comunes de izquierda, con una formación independentista, y en el territorio colindante estar dispuesto a ir de la mano con un partido de la derecha más reaccionaria y defensor de un concepto de España al que la Constitución de 1978 le queda ancho, supone un acto de malabarismo irrespetuoso con el propio electorado.

Otro tanto se puede decir del PP, que por no perder su cuota de poder en Araba es capaz de buscar la alianza con el partido al que en el conjunto del Estado español presenta como la personificación de todos los males.

Nafarroa supeditada a Madrid

La falta de unos principios rectores y una línea estratégica clara alcanza su mayor exponente en el caso de Nafarroa, donde las negociaciones se han convertido en un juego de escondites, y no tanto por el ridículo episodio de la reunión en Villanovilla entre el PSN y NaBai, sino porque casi todas las partes han estado ocultando sus cartas. El propio retraso del pleno de investidura, forzado por la falta de candidatos, se antoja un truco para separar la sesión del Debate del Estado de la Nación que se celebra la semana entrante en el Congreso de los Diputados, lo que muestra la supeditación de Nafarroa a las estrategias estatales de determinados partidos. El PSOE no quiere que lo que vaya a ocurrir en Iruñea pueda ser empleado por el PP en las Cortes contra Zapatero, pero lo realmente peligroso para que se pueda producir un verdadero cambio en Nafarroa no es lo que piensan en el PP, sino lo que piensan en importantes sectores del PSOE y lo que desde Euskal Herria algunos están dispuestos a hacer para contentarles.

Lamentablemente, los intereses particulares de algunos partidos no sólo están influyendo en la falta de estrategias claras de alianzas -a fin de cuentas, los gobiernos tienen fecha de caducidad a cuatro años vista y hasta pueden ser revocados con anterioridad- sino que están condicionando negativamente las posibilidades de que Euskal Herria pueda afrontar debidamente su proceso de normalización democrática. Y ahí lo que está en juego no es una cartera o una carretera, sino algo mucho más precioso y necesario.