Los jerarcas de la Iglesia católica andan espantando al personal y eso, en principio, no parece demasiado bueno para su negocio. Es más, en una empresa privada hubieran sido despedidos hace tiempo. Cada vez tienen menos clientes y tampoco parece que sus productos tengan buena acogida en el mercado potencial.

A mí, por ejemplo, educado cristianamente entre los jesuitas y el Opus, me da por salir corriendo cada vez que oigo el frus frus de las sotanas. Porque es ese roce siniestro el que se esconde tras la jubilación forzosa de Pedro Casaldáliga de la diócesis de Sao Felix de Araguaia o la «amonestación» a Jon Sobrino, que es un eufemismo eclesial para no decir «amenaza» de lo que se avecina si no cierra el pico.

Hace diez años escuché a unas monjas guineanas algo que me dejó perplejo pero que he ido entendiendo mucho mejor con el paso del tiempo: el Papa Juan Pablo II tenía que ser sentado ante un tribunal para que respondiera por sus discursos contra el uso del preservativo durante la visita a Africa central. En sólo cinco días, afirmaban cabizbajas las sores, el casi ya santo había laminado un trabajo de años en el que habían trabajado codo con codo la OMS, las comunidades locales y, desde luego, muchos hombre y mujeres de la Iglesia.

(...) Seamos serios: no podemos gastarnos el dinero público en una cosa y la contraria; en repartir condones por la mañana y en pagar clases por la tarde para que las sotanas clamen contra el preservativo; en campañas contra la discriminación por razones de opción sexual y en colegios donde se enseña que la homosexualidad es una enfermedad.