La iniciativa del Gobierno español para «premiar» con 2.500 euros el nacimiento o la adopción de una nueva hija o hijo no sólo es pura demagogia en el arranque de una larga precampaña electoral, sino que también es una medida radicalmente antidemocrática y antisocial. Es antidemocrática porque esa «paga extra» la recibirá igualmente el jefe de una multinacional y la joven contratada por una ETT, lo cual fomenta la discriminación social, que no la igualdad. Y es antisocial porque las personas adineradas, muy proclives ellas a formar familias numerosas, recibirán un dinero que bien podría destinarse a fines sociales, por ejemplo, a aquellas personas que, estando a punto de tener descendencia o no, tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

No obstante, este tipo de medidas tienen un trasfondo aún mayor porque lo que pretende el Estado es fomentar la natalidad. Indudablemente, nadie que se lo piense dos veces y sepa calcular qué representan 2.500 euros respecto al esfuerzo económico que supone la crianza de un retoño se decidirá a procrear porque vaya a tener ese ingreso. Pero no es menos cierto que el mensaje que quiere trasladar el Estado es que tener hijos será recompensando como si de una buena acción cívica se tratara. Y para ello utilizará argumentos como el envejecimiento de la población -cuestión para la que no se tiene en cuenta la tan cacareada globalización, porque niñas y niños nacen a montones en otros puntos del planeta- o el riesgo que corren las futuras pensiones a cargo de la Seguridad Social. Lo peligroso del tema es que decisiones que deberían quedar en el ámbito más íntimo de cada persona -siempre que estemos hablando de una maternidad/paternidad deseada y responsable- pasen a convertirse de facto en el cumplimiento de una orden del Estado, eso sí, disimulada bajo la imagen de una, a todas luces, insuficiente ayuda económica. Y el Estado no quiere que haya más nacimientos para hacer felices a sus ciudadanas y ciudadanos. Seguro que no.