El Partido Cannábico de Nafarroa (RCN-NOK) ha dado a conocer que cuatro de sus afiliados y colaboradores «pasarán por el banquillo de los acusados por delitos de cultivo. Todos ellos habían asumido públicamente su compromiso por la normalización, regulación y legalización del cannabis haciéndose afiliados de RCN-NOK». Este partido, que se presentó a las elecciones parlamentarias el 27 de mayo, obtuvo casi 5.000 votos, y promueve el autocultivo de cannabis dentro de su denominado Proyecto de Gobierno. Dentro del mismo, en el apartado «Modelo Patxarán», abogan por la existencia de un cannabis comercial y otro de producción casera, tal y como ocurre con el pacharán. «Promovemos el autocultivo compartido para un abastecimiento y consumo propio del cannabis como mejor respuesta al mercado negro, la prevención de riesgos y la lucha contra la adulteración», explican. Y, por ello, no entienden que la ley persiga sus afiliados.

Además de tener una finalidad opuesta a la del tráfico, desde el partido defienden que el cultivo no constituye ningún delito, argumentando que ningún juez lo ha considerado como tal. Los juicios de este tipo se basan en el delito de tráfico, y ante esa acusación, el imputado tiene que demostrar su inocencia: es decir, que el cultivo es para consumo propio. En lenguaje técnico jurídico, la carga de la prueba se ha invertido.

La ignorancia de la GC

Este es el caso del joven que se enfrentaba ayer a una petición de 18 meses de cárcel en la Audiencia de Nafarroa. En la vista oral, la Fiscalía informó de que en su día se incautaron dos plantas de marihuana en una finca privada en el municipio de Larraga. El acusado las reconoció como propias. Las plantas, con la raíz cortada pero por lo demás enteras, una vez secas presentaron un peso de 1.600 gramos, según dio a conocer. La Fiscalía le recordó al acusado que en un principio asumió toda la responsabilidad, mientras que ayer presentaba a cuatro amigos más como responsables y que también participarían como consumidores. El acusado respondió que al tratarse tan sólo de dos plantas no consideró necesario citar a sus amigos, pero a la vista de la decisión de imputarle una pena de cárcel, ellos le insistieron en que reconoce- rían su participación. También aprovechó ese momento para explicarle a la juez que al retirarle las plantas en realidad estaba incitando al tráfico al obligarle a acudir al mercado para abastecerse.

Acto seguido fueron llamados ante la juez dos agentes de la Guardia Civil, los encargados de llevar a cabo la operación. El primero de ellos explicó que ha- bían recibido una llamada anónima en la que se les informaba de una plantación de cannabis, y que accedieron a comprobarlo. Cuando hallaron el invernadero con las dos plantas, los agentes se llevaron las plantas «porque el cultivo es ilegal», declaró el segundo agente. Una declaración que demuestra la falta de conocimiento sobre la materia, ya que la ley no castiga la tenencia sino el tráfico. Al mismo tiempo, tampoco es concisa, ya que no explicita la cantidad considerada para tráfico y la parte de la planta que se debe tener en cuenta para medir esa cantidad, de modo que cada caso es juzgado según el responsable de cada juicio.

La Fiscalía insistió en sus preguntas sobre algún indicio que incitara a pensar que su destino fuera el tráfico, pero los agentes no encontraron ninguno. Señalaron que las plantas, sólo con la raíz cortada, pesaban un total de cinco kilos y medio, pero tal y como indicó la juez, sólo una parte de la misma es destinada al consumo, y no se ofreció ningún dato sobre la cantidad de cannabis que habría sido aprovechada para ello.

La hipótesis del valor

Después de los agentes entraron en la sala seguidamente los cuatro testigos, coincidiendo todos ellos en que se habían dedicado al cuidado de las plantas y que pretendían consumirlas. La Fiscalía no se mostró convencida, y en el informe final volvió al tema de la cantidad, aventurándose a señalar el valor que tendría lo incautado en el mercado. Por ello, ratificó su solicitud de una pena de 18 meses y 1.500 euros de sanción. El abogado de defensa cuestionó el sistema de analizar la marihuana -en cuanto al modo de fijar la cantidad de sustancia comercial de la planta- y el modo de saber su valor en el mercado, algo improbable a su entender. El juicio quedó visto para sentencia.

El de ayer es el primer caso en Nafarroa por esta cuestión, ya que las denuncias y las imputaciones hasta ahora no habían llegado a juicio, quedando sobreseídas antes de una sentencia que crearía jurisprudencia.

Entre los demás imputados, dos serán juzgados por cultivar y una cuarta persona por la marihuana que se le incautó en la fiesta que organizó el partido en abril en el Pabellón Anaitasuna.