La juez que instruye el caso del fraude de la Hacienda de Irun ha estimado la personación como acusación popular en la causa del sindicato LAB, que para hacerlo deberá depositar una fianza de 2.000 euros porque no ha precisado cuál es «el bien jurídico que protege y que podría haber resultado lesionado».

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, Almudena Ovejero, ha emitido un auto en el que acepta la petición de LAB, pero desestima la efectuada por un abogado, Fernando Argote, ex empleado de la Diputación de Gipuzkoa, que ha mantenido diversos contenciosos judiciales con el ex senador Víctor Bravo, hermano del principal imputado en este caso, José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irun.